Por: Hugo Alconada Mon
Dos años y nueve meses después de que Alejandro Vandenbroele se acogió al régimen del arrepentido y confesó que participó en el reparto de dinero ilícito por el canje de la deuda que Formosa mantenía con el Estado nacional, el juez Ariel Lijo dividió la pesquisa y remitió a la Justicia provincial el tramo que compromete al gobernador Gildo Insfrán.
El juez Lijo admitió así un planteo de la defensa de Insfrán, que sostenía que debía ser juzgado en su provincia, junto a otros funcionarios de su gobierno que participaron en las negociaciones con el Estado nacional en mayo de 2010, mientras Amado Boudou se encontraba al frente del Ministerio de Economía.
El tramo de la investigación centrado en Boudou y en su socio y amigo, José María Núñez Carmona, en cambio, continuará en manos del juez Lijo, quien a mediados de junio pasado, en plena cuarentena, sobreseyó al banquero Jorge Brito, al que también había comprometido Vandenbroele.
Lijo concluyó que tanto el gobernador Insfrán como la entonces ministra de Economía provincial, Inés Lotto de Vecchietti, el otrora titular del Fonfipro, Jorge Ubaldo Melchor, y el presidente del Banco de Formosa, Martín Cortés, deben ser investigados por el Juzgado de Instrucción N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de Formosa.
La división del expediente había sido solicitada por la defensa Insfrán, pero rechazada por la querella, a cargo de la Oficina Anticorrupción, y por el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, quien consideró que los hechos bajo investigación no podían analizarse “de manera parcial y, por ende, no podrían ser escindidos” porque conllevaría que se juzgue a los entonces funcionarios “en tribunales de diferente jurisdicción”.
La investigación penal comenzó poco después de que LA NACION reveló en septiembre de 2012 que la primera operación comercial que desarrolló la sociedad que pasó a controlar Ciccone Calcográfica, The Old Fund, había sido el cobro de una comisión por el canje de la deuda pública por $312,9 millones que Formosa arrastraba desde hacía años con el Estado nacional.
Según reconstruyó LA NACION, The Old Fund había cobrado $ 7,8 millones en mayo de 2010 por esa operación -el equivalente a 1.650.000 dólares al tipo de cambio entonces vigente-, para pocos días después entregarle $ 2,2 millones a Martín Cortés, uno de los principales operadores de Insfrán.
Durante los años que siguieron, tanto Boudou como su socio Núñez Carmona, su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele, y el gobernador Insfrán defendieron la legalidad de sus actos, negaron haber participado en delito alguno y rechazaron haberse involucrado en el cobro de coimas vinculadas a la deuda que Formosa arrastraba con la Nación.
El reparto de una coima
Sin embargo, al acogerse al régimen del arrepentido en noviembre de 2017, Vandenbroele confesó que The Old Fund cobró esos $ 7,8 millones tras simular que había asesorado al gobierno provincial. Y sugirió que el dinero ilícito se repartió entre Boudou e Insfrán, a través de Núñez Carmona y Cortés, mientras que retuvo para sí una comisión ínfima.
Poco después de esa confesión, Insfrán se presentó ante el juez Lijo. En su declaración indagatoria, el gobernador deslindó la contratación de The Old Fund en el Fonfipro, que es un órgano fiduciario con una estructura propia, y destacó su labor para refinanciar la deuda provincial, al punto de que dijo que Formosa fue la única provincia que logró saldarla.
Ahora, mientras Insfrán logró que la investigación pase a la Justicia provincial -que controla desde que 1995-, Boudou reclama a la Corte Suprema que anule su condena en el “caso Ciccone”. Y Vandenbroele denunció al gobierno de Alberto Fernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “embestida” que sufre desde que el “espacio político” que integra el exvicepresidente retornó al poder en diciembre de 2019. (La Nación)
