La defensa de la ex mandataria y del legislador nacional solicitó al Tribunal Oral Federal 5 seguir por videoconferencia el debate presencial previsto en la sala AMIA de Comodoro Py.
La defensa legal de la ex presidenta Cristina Kirchner y del diputado nacional Máximo Kirchner solicitó autorización formal ante el Tribunal Oral Federal 5 para asistir de forma virtual a las audiencias del juicio oral por la causa Los Sauces, cuyo inicio en los tribunales de Comodoro Py está fijado para este viernes a las 10:00.
El planteo conjunto elevado a los jueces sostiene que el diputado nacional busca coordinar su actividad parlamentaria con las audiencias, mientras que la ex mandataria fundamentó su petición en la necesidad de evitar el despliegue del operativo de seguridad que demanda su traslado desde el departamento del barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, hacia la sede judicial de Retiro. El escrito presentado ante los magistrados precisó que ambos acusados conocen el contenido de las acusaciones formuladas en los requerimientos de elevación a juicio y que el uso de videoconferencia resguarda el ejercicio de defensa sin afectar el proceso.
El Tribunal Oral Federal 5 define la modalidad del debate en Comodoro Py
El Tribunal Oral Federal 5, integrado por los magistrados José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, debe resolver el pedido de asistencia remota antes de la apertura formal convocada en la sala AMIA, estipulada bajo pautas de presencialidad estricta y con un cronograma fijado para los días lunes, viernes y sábados.
En paralelo a la definición sobre la modalidad de las audiencias, la Cámara de Casación Penal mantiene bajo análisis las apelaciones presentadas contra la resolución que ordenó desdoblar el trámite de los expedientes Los Sauces y Hotesur. Esta última pesquisa judicial examina presuntas maniobras de lavado de activos a través de la contratación hotelera vinculada a la adjudicación de obra pública a firmas de Lázaro Báez en Santa Cruz, en tanto que la causa Los Sauces concentra cargos por presunta asociación ilícita y blanqueo de capitales procedentes del empresario y del Grupo Indalo mediante operaciones inmobiliarias. (Agencia OPI Santa Cruz)
