La conducción del oficialismo divide criterios entre el pragmatismo parlamentario y la intransigencia sobre los proyectos oficiales, mientras dilata la estrategia de alianzas con los mandatarios provinciales afines y acumula iniciativas sin tratamiento en el Congreso.
La mesa política de la Casa Rosada postergó las definiciones sobre la agenda legislativa y los acuerdos electorales con los gobernadores aliados para 2027 al cierre de octubre. Bajo la mediación de Karina Milei, el círculo de decisión presidencial concluyó su última reunión sin fijar una resolución sobre los plazos ni los criterios para negociar con los mandatarios provinciales.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, impulsa la aceleración inmediata de las conversaciones con los jefes provinciales de sintonía oficialista para cerrar entendimientos electorales. En sentido opuesto, los armadores Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem proponen demorar las definiciones territoriales, una dilación que los despachos oficiales registran como una ventaja parcial para la estrategia de los primos riojanos.
La disputa interna abarca el diseño de la estrategia en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aceptó modificaciones de la oposición y de los bloques aliados para obtener la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esas concesiones incluyeron reincorporar en el articulado las restricciones a la compra de tierras promovidas originalmente por el kirchnerismo.
El titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo resisten la introducción de modificaciones parlamentarias en los textos oficiales por considerar que las concesiones alteran el objetivo de las normas. Esta postura choca dentro de la Casa Rosada con el sector encargado de articular con las bancadas aliadas, integrado por Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem y Eduardo Menem, quienes defienden la negociación pragmática como vía para sancionar leyes.
En la última sesión de la Cámara de Diputados, la bancada oficialista avanzó con una nueva Ley de Discapacidad y bloqueó los proyectos de Unión por la Patria referidos a la morosidad. Tras la votación parlamentaria, el titular de la Secretaría de Hacienda, José Luis Daza, admitió que la redacción aprobada en el recinto difiere del texto original que pretendía el Poder Ejecutivo.
Las diferencias de criterio sobre el manejo legislativo dividieron a los integrantes de la mesa política durante la evaluación del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Mientras continúa la falta de acuerdo interno, el gobierno nacional mantiene pendientes de resolución en el Congreso de la Nación las iniciativas de reforma electoral, la ley de Malvinas y el Presupuesto 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)
