Por: Gustavo Ybarra
Con votos de sobra en el Senado pero con una fuerte incertidumbre sobre cuál será su suerte cuando pase a la Cámara de Diputados, el Frente de Todos se dispone a aprobar en la Cámara alta el controvertido proyecto de reforma judicial, cuyo objetivo político principal es licuar el poder de los 12 jueces federales con asiento en Comodoro Py, que llevan adelante las causas de corrupción.
En lo que se anticipa un tenso debate ante el cerrado rechazo de la oposición al proyecto, la sesión está convocada para las 14 y será presidida por Cristina Kirchner, quien anteayer rompió su habitual silencio para tomar públicamente distancia y quitarle entidad al proyecto del Gobierno del que forma parte.
Lo hizo al afirmar que “en los últimos 20 años solo hubo dos reformas judiciales”. Una de ellas, precisó la vicepresidenta, fue el paquete de seis leyes que impulsó en 2013 bajo el nombre de “democratización de la Justicia”. La otra, agregó, es la “reforma de facto” que le atribuyó a Mauricio Macri para, según dijo, “perseguir” a dirigentes de su sector.
“El país se debe el debate de una verdadera reforma judicial, que no es la que vamos a debatir este jueves [por hoy]”, remató Cristina Kirchner su pronunciamiento, que en algunos despachos legislativos leyeron como un intento de la vicepresidenta de despegarse de un eventual fracaso del proyecto en la Cámara baja.
El proyecto es rechazado por Juntos por el Cambio, que se negó a realizar aportes a la iniciativa por considerar que forma parte de un plan más amplio que busca intervenir la Justicia para favorecer a dirigentes oficialistas, con Cristina Kirchner como mascarón de proa, que afrontan problemas judiciales por causas de corrupción.
“Todo apunta a la limpieza de las causas de Cristina y sus amigos”, denunció el jefe del principal bloque opositor del Senado, Luis Naidenoff (UCR-Formosa). “No hay reforma judicial porque la reforma son los pasos que van dando, como ir por Eduardo Casal en la Bicameral, sacar a a los camaristas Bruglia y Bertuzzi, la comisión “Beraldi” y los 150 pliegos de jueces que tienen parados”, agregó el líder opositor en diálogo con LA NACION.
Si bien el cerrado rechazo opositor nunca estuvo en duda, los ruidos internos y suspicacias que provocó la confirmación de que el senador Martín Lousteau (UCR-Capital) se reunió el viernes pasado con Alberto Fernández en la quinta de Olivos obligaron a Juntos por el Cambio a salir a espantar cualquier tipo de fantasmas.
La carta elegida no pudo ser más contundente: la exgobernadora María Eugenia Vidal salió ayer de su habitual bajo perfil para ratificar la postura de la coalición.”Nuestra posición con respecto a la reforma ha sido sólida y unida, no hay negociaciones o acuerdos posibles con nuestros valores”, sentenció.
La “cláusula Parrilli”
La iniciativa llega al recinto envuelta en la polémica por la inclusión de la denominada “Clausula Parrilli” contra los mediosde comunicación, que obliga a los jueces a denunciar las presiones de cualquier tipo provenientes de poderes políticos, económicos “y mediáticos”.
El agregado final fue impuesto por el senador Oscar Parrilli (Neuquén), habitual alter ego en los debates legislativo de Cristina Kirchner, y quedó plasmado en el inciso E del artículo 72 del dictamen que el oficialismo impuso en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia.
La inclusión de la cláusula provocó un choque en sordina entre el Poder Ejecutivo, que intentó desentenderse de la modificación introducida al proyecto, y el círculo que rodea a la vicepresidenta en el Senado, en donde la actitud de los funcionarios del Gobierno cayó mal. Todos los dedos kirchneristas apuntan el malestar hacia la ministra de Justicia, Marcela Losardo, a quien acusan de no defender con el debido énfasis el proyecto.
El texto sufrió severas modificaciones en su capítulo referido a la ampliación de la Justicia federal en el interior del país. Ese apartado se convirtió en blanco de los pedidos de senadores, diputados y gobernadores peronistas, siempre atentos a la posibilidad de poder nombrar jueces en sus territorios.
Así, los 94 juzgados federales nuevos que el proyecto repartía por todo el interior, se redujeron a 65, muchos de los cuales fueron reubicados para complacer a socios políticos; pero se sumaron cinco cámaras federales, cuatro salas en cámaras ya existentes y dos tribunales orales. (La Nación)
