Por: Nicolás Balinotti
Hugo Yasky es uno de los 12 diputados nacionales de origen sindical que habita la Cámara baja. A partir de hoy buscará apoyo en el Frente de Todos para cristalizar un proyecto de ley propio que impulsa la reducción de la jornada laboral legal de 48 a 40 horas semanales. Apuesta así a que se formalicen miles de empleos y surge como una reacción a que la desocupación trepó al 13,1 por ciento, la más alta desde 2005.
En la Argentina, por la ley 11.544, la jornada laboral legal es de 48 horas semanales como máximo. Sin embargo, la jornada laboral efectiva es de 38 horas, según un relevamiento elaborado por Chequeado en 2019. En 2017, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores propuso sin éxito una reducción más brusca que la que plantea Yasky: pidió por entonces una reducción de 48 a 30 horas.
Empujaron ahora a Yasky hacia una reacción las últimas cifras del Indec, que registraron una pérdida de 4 millones de trabajos en todo el país en un año, la gran mayoría de ellos informales. “El objetivo del proyecto es reducir la carga de horas semanales para que más trabajadores que están en la informalidad sean contratados y pasen a la esfera formal”, argumenta a LA NACION el jefe de la CTA de los Trabajadores y uno de los dirigentes gremiales de trato cotidiano con Alberto Fernández y Máximo Kirchner.
En la Argentina el empleo informal no baja del 30 por ciento desde hace una década, según estadísticas oficiales y privadas. En abril pasado, cuando las medidas de aislamiento por el coronavirus recién daban sus primeros pasos, el Gobierno implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un auxilio estatal en pandemia para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. El IFE fue solicitado inicialmente por 11.382.000 personas, lo que desnudó el altísimo porcentaje de la población que no está bajo el sistema formal.
“De las cifras que dio a conocer el Indec, en su mayoría son informales. Son los bolichitos en negro, la gente que perdió la changa. Son los que están fuera del sistema. El trabajador registrado está protegido por la prohibición de los despidos, la doble indemnización, pero los informales no. Entonces, la intención es reducir las jornadas laborales, lo que obligaría a contratar más personal registrado. Favorecería a los más jóvenes”, dice Yasky, que asegura que la iniciativa no cuenta aún con el aval del Presidente ni de sus colegas del bloque de Diputados del Frente de Todos.
Líder de una de las vertientes de la CTA y referente de los docentes de la Ctera, Yasky avanzará hoy con el borrador de la iniciativa y la presentaría esta semana en Diputados. “Se hizo en Chile y no tuvo resultado negativo”, defiende Yasky su idea, que contempla, además, anular un artículo de la ley de contrato de trabajo en lo relativo a las jornadas reducidas. “Lo ideal sería que no se pueda avanzar por convenio colectivo en jornadas promedios, como sucede en Brasil con las bolsas de trabajo”, explica el sindicalista kirchnerista.
La cruzada de Yasky es por ahora solitaria. Se da en tiempos de tensión entre el Gobierno y el sector empresario por la caída de los indicadores económicos, la parálisis productiva que genera la pandemia y la renovación de medidas oficiales que blindan el empleo, como la prórroga del decreto presidencial que prohíbe los despidos por otros 60 días. (La Nación)
