(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El gobernador Mariano Arcioni elevó a la Legislatura de Chubut un proyecto de ley para congelar –por seis meses- los aumentos de sueldos “enganchados” a decisiones que se toman fuera de la Provincia. Ello implica que el Poder Judicial de Chubut no podría aumentarse los salarios, si la ley finalmente se aprueba, de acuerdo a lo que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como se viene haciendo hasta ahora.
El proyecto del oficialismo toma estado parlamentario este jueves en la sesión legislativa y podría aprobarse antes de fin de año en algunas de las sesiones ordinarias que se podrían disponer desde la propia Legislatura.
Entre “acordadas” y “retroactivos”
Si la ley avanza en su aprobación, quedaría en duda un aumento salarial que el Poder Judicial dispuso el pasado 4 de diciembre, cuando mediante una acordada se otorgó un incremento salarial de 10% retroactivo a octubre para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, “remunerativo y bonificable, a partir del 1ºde octubre de 2020, el que se hará efectivo con la liquidación de haberes del mes de diciembre de 2020”.
La ley incluiría al Tribunal de Cuentas y a otros organismo, como la Fiscalía de Estado, que están atados a los aumentos que se otorga a sí mismo el Poder Judicial a través de acordadas del Superior Tribunal de Justicia, junto con la Procuración General y el Ministerio de la Defensa Pública.
Los aumentos “enganchados” del Poder Judicial de Chubut con los otorgados por la Corte Suprema habían sido un tema tratado entre funcionarios provinciales y nacionales, en septiembre pasado, cuando el Gobierno le pidió una asistencia a Nación de $ 15.000 millones:“Nos preguntaron por qué había un enganche salarial entre el Poder Judicial de Chubut y la Corte Suprema”, contó aquella vez Javier Touriñán, ahora exsecretario general de la Gobernación.
Piden veto a las reglas de enjuiciamiento a magistrados
La Legislatura de Chubut sancionó una ley que modificó las reglas de enjuiciamiento de magistrados en todo el territorio provincial. Esto fue cuestionado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, que en un comunicado expresó preocupación y enorme impacto por dicha norma. Según se argumentó en el texto, la legislación vigente es contraria al “principio de independencia judicial, que se nutre directamente de la garantía de inamovilidad en los cargos de la magistratura, pilar sobre el cual se asienta la garantía de los derechos ciudadanos”.
Ante ese panorama, se le solicitó al gobernador Mariano Arcioni que avance con un veto contra la ley sancionada por la Legislatura Provincial, fundamentando que “introduce cambios esenciales a la anterior regulación, al reasignar la función acusadora ante el Tribunal del Jury, modificar los plazos procesales, habilitar la variación del objeto procesal durante el juicio e introducir límites a la recurribilidad de la sentencia”.
La norma catalogó como improcedente que en el contexto constitucional actual la Procuración General cuente, en la legislación vigente, con la potestad de acusar en las causas elevadas por el Consejo de la Magistratura al Tribunal de Enjuiciamiento, en el caso de los magistrados y funcionarios judiciales.
Cuando se fundamentó la iniciativa, los legisladores recordaron que en la reforma constitucional de 1994 se sumó un nuevo órgano a los procesos de juicio político, que fue el Consejo de la Magistratura, órgano que también se dispuso en cada una de las provincias. Al respecto, indicaron que “este organismo, al que a la par que se le dio atribuciones para intervenir en el proceso de selección y designación de jueces, fiscales y defensores, se le confirieron también potestades para recibir las denuncias por las causales de remoción de todos estos magistrados y funcionarios” cuando incurren en mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho, inhabilidad psíquica o física y comisión de delitos dolosos. (Agencia OPI Chubut)
