Por: Sofía Diamante
Con el objetivo de darles una salida prolija a los grandes fondos de inversión (Pimco y Templeton, entre los más importantes) que quedaron “atrapados” en el país con deuda en pesos, el Ministerio de Economía licitará hoy bonos por US$750 millones, que podrán ser canjeados por títulos en moneda local.
De esta forma, el Gobierno intenta resolver dos problemas con la emisión de deuda en dólares: estirar los vencimientos en pesos de corto plazo, ya que dará a cambio los bonos AL30 y AL35, con plazos a 2030 y 2035, respectivamente, y quitarle presión a la brecha cambiaria, porque los fondos no comprarán dólares en el mercado financiero (CCL y MEP, principalmente).
La operación, sin embargo, no es gratuita. Los bonos que licitará el Ministerio de Economía, que son los entregados en la pasada reestructuración de la deuda privada, cotizan actualmente en el mercado secundario a una tasa del 16% anual.
“Es un canje de deuda en pesos a tasas muy elevadas en dólares”, dijo Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, quien agregó que en el año el Gobierno emitió deuda en dólares por US$4176 millones en el mercado doméstico: US$3426 a través de los bonos dollar linked (atados a la evolución del tipo de cambio) y US$750 millones en un canje similar al de hoy, que realizó el mes pasado. A este número se le debe sumar la pérdida de activos del Banco Central, que tuvo que vender dólares para paliar la falta de refinanciamiento voluntario.
“Se están endeudando al 16%, por más que el ministro Martín Guzmán diga que es al 7%. Su cálculo es que, con los pesos que recibe por el canje, le compra dólares al Banco Central a la cotización oficial de $82,43. Pero es algo que solo ellos pueden hacer porque para el resto del mercado el precio de compra es $143”, indicó Fernando Marull, director de la consultora FMyA.
“Están regalando bonos que cotizan al 16%, y después le sacan reservas al Banco Central a un precio barato porque son los únicos que lo pueden hacer. Así obtiene una ganancia que no tiene nadie y la incorporan al costo, y bajan su tasa de endeudamiento del 16 al 7%”, agregó.
Si además se tiene en cuenta que, por la crisis de la pandemia, las tasas de interés internacionales están en valores casi en cero, el 7% que paga el Estado argentino tampoco es un costo bajo.
El economista y especialista en inversiones Diego Martínez Burzaco, por su parte, opina que la licitación de hoy “no es natural”, sino que está diseñada para un objetivo puntual que es darles salida a los tenedores de letras en pesos. “No es un financiamiento genuino, no es que se tantea el mercado para recibir dólares frescos. Es un swap de instrumentos en pesos con poca liquidez por otros en dólares”, indicó.
Lo cierto es que la alternativa que tenía Guzmán era la de pagar los vencimientos en pesos y esperar un crecimiento de la brecha cambiaria, que está hace meses en un promedio no menor al 80%. A mayor diferencia entre los valores oficiales y paralelos del tipo de cambio, crece la expectativa de devaluación y presiona sobre la inflación. Permitir una dolarización de la deuda en pesos fue el “mal menor” que encontró el Ministerio de Economía.
“Además de estirar los vencimientos de deuda de enero y febrero, el Gobierno descomprime la brecha cambiaria de dos maneras con esta licitación: si entran inversores privados, habrán menos pesos que presionarán sobre el CCL y el MEP, ya que tendrán sus propios bonos en dólares; si son organismos públicos los que entran al canje, se harán de más poder de fuego para vender los bonos contra pesos y bajar el tipo de cambio paralelo”, explicó Caamaño.
“En esta licitación hay un tema con la paridad de los bonos, que tienen una tasa de retorno muy alta, con lo cual colocar deuda en dólares es totalmente contrario a la filosofía del Gobierno y de Guzmán, quien dijo que endeudarse al 7% había sido irresponsable, y ahora se estaría endeudando al doble. Igual todavía hay que ver cómo toman los coeficientes de canje entre los bonos en pesos y los de dólares. Todos estos instrumentos ayudan, pero no cambian la esencia del problema de fondo”, concluyó Gabriel Rubinstein, director de la consultora GRA. (La Nación)
