(OPI Chubut) – La fiscal de Esquel María Bottini abrió una investigación e imputó penalmente a la jueza de la misma ciudad Alicia Arbilla y a un grupo de abogados, encabezados por el presidente del Colegio de Abogados de Esquel, José María Venancio, por delitos vinculados a una maniobra de estafa y por intento de despojar de activos al Grupo Indalo.
Las causas “mal direccionadas” se asientan en Chubut, demandas sobre un establecimiento ganadero en Gobernador Costa y con litigios que se dirimen en Esquel.
Los hechos
Existen diversas acciones contra el frigorífico Establecimiento Santa Elena SA -con aval judicial- que, enmascaradas en presuntas demandas laborales, le permitieron a la organización investigada hacerse de bienes a través de remates y embargos que ahora están bajo la lupa.
El lunes pasado, la fiscal general Bottini dispuso la apertura de la investigación después de haber realizado medidas preliminares luego de la denuncia que interpuso Santa Elena SA, contra la cual había accionado Venancio a través de diversas causas en las que demandaba indemnizaciones por juicios laborales. La primera data de 2016 cuando reclamó en nombre de un cliente una suma superior a $ 800 mil pesos. Arbilla falló parcialmente a su favor pero fijó la suma total en $ 25.266, en 2018.
Luego, procedió al embargo de bienes y Venancio, en persona, se dirigió al lugar del frigorífico para llevarse un generador Caterpillar, que fue rematado en febrero de 2019. El “ganador” de la subasta fue Elías Simeoni que pagó $ 97 mil pesos por un generador que valía U$S 161.000 (lo curioso es que el bien en cuestión ya estaba en poder del comprador antes de efectuarse el remate).
No pasó inadvertido para la Justicia que hubo similares acciones (embargos) con aval de Arbilla que sucedieron en otras demandas, donde se llevaron elevadores, heladeras y hasta se evaluó con remover un tinglado, algo que finalmente no ocurrió por cuestiones logísticas.
Mientras la jueza Arbilla era recusada por los abogados de Indalo, su subrogante ordenó una inspección ocular sobre el resto de los bienes. La delegación policial enviada se encontró que las direcciones que aportó Venancio no existían o bien eran totalmente imprecisas para poder llevar a cabo la manda judicial. Eso fue lo que reportaron el 26 de diciembre al jefe de la Policía de Investigaciones de Esquel por lo que se desconoce en poder de quién están esos bienes que no podían haberse “perdido” ni restado del activo dado que pesa sobre las compañías una inhibición general de bienes dictada por la Justicia federal de Capital Federal por la causa Oil Combustibles.
Maniobra engañosa
La fiscal Bottini señaló que Venancio, en principio, engañó a la jueza para hacerse de bienes mucho más valiosos que las demandas que entablaba y que ocultó que su propiedad correspondía a otra razón social. Todo en simultáneo a la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa, lo que reconocieron “les impedía ejercer su derecho constitucional de defensa en juicio”.
Pero lo que la Fiscalía deja entrever es que toda la maniobra ya había sido denunciada por el abogado de la parte demandada en julio de este año a la jueza Arbilla, quien hizo caso omiso a la denuncia, por eso se le imputa, en principio, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Una mega industria que no fue
El frigorífico Santa Elena, del Grupo Indalo, fue inaugurado en Gobernador Costa en febrero de 2013 con una videoconferencia que presidió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y con presencia en Costa de su exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar, entre otras autoridades.
En los primeros meses de 2015 la planta, cuya puesta en marcha demandó una inversión de más de $ 110 millones, cerró y se inició el proceso de indemnizaciones a los operarios. (Agencia OPI Chubut)
