(Por: Rubén Lasagno) – El bloque de diputados de Unión por la Patria solicitó formalmente convocar de urgencia a la Comisión Investigadora de la Administración Pública para auditar fondos provinciales y concesiones petroleras, sin embargo, desde la Presidencia de la Cámara denegaron la solicitud argumentando limitaciones reglamentarias.
Un fuerte cruce institucional se desató en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz tras un pedido de investigación impulsado por la oposición que fue frenado por las autoridades del recinto.
Con fecha 24 de septiembre de 2026, un grupo de diputados provinciales presentó un requerimiento formal, con carácter de “pronto despacho”, dirigido al presidente de la Cámara, Fabián Oscar Leguizamón. El objetivo de la nota era exigir la inmediata puesta en funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Administración Pública, alegando la necesidad de esclarecer posibles irregularidades con “incidencias graves sobre los recursos públicos y el patrimonio provincial“.
La investigación exigida
El pedido de los legisladores apuntaba a auditar ocho áreas sensibles de la gestión provincial.
Entre los requerimientos más destacados se puede resaltar la investigación de los alcances, fondos percibidos y obligaciones del Memorándum de Entendimiento celebrado entre Santa Cruz e YPF S.A; la revisión de posibles beneficios tributarios y el proceso de adjudicación de las áreas hidrocarburíferas anteriormente operadas por YPF S.A y el análisis del Decreto Provincial N.º 1202/25, por el cual se advierte que la provincia habría renunciado a recursos millonarios derivados de reclamos por fondos coparticipables ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El pedido de la oposición también pide la fiscalización de los recursos administrados por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y del Fondo Fiduciario UNIRSE y el estudio de los estados financieros, ingresos e inversiones de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU.
La negativa oficial
La respuesta a esta ofensiva legislativa no se hizo esperar, pero no fue en el sentido que esperaba la oposición. El 30 de septiembre de 2026, a través de una nota firmada por la Secretaría General, el Presidente de la Cámara Fabián Leguizamón, le comunicó formalmente al Bloque Parlamentario “Unión por la Patria” el rechazo de la solicitud.
El documento oficial sostiene que “no resulta procedente hacer lugar a la convocatoria solicitada a través de la Presidencia” y basa su negativa en dos pilares normativos:
Los límites de competencia es el primer escollo que pone la presidencia y le cita el Artículo 53° bis del Reglamento de la Cámara, el cual circunscribe la labor de la comisión exclusivamente a investigar aquellas irregularidades “que la Cámara le encomiende“.
Luego alude a la necesidad de consenso del pleno; en este punto la respuesta subraya que la activación del órgano legislativo requiere “indefectiblemente de una decisión soberana del Cuerpo Legislativo en su conjunto” frente a denuncias debidamente presentadas, y no puede darse por un requerimiento administrativo directo a la Presidencia.
Bajo estos argumentos, el presidente Leguizamón con concluyó que la petición “excede las atribuciones de la Presidencia para disponer medidas de esta naturaleza de forma aislada“, cerrando la puerta, al menos por esta vía, a la investigación de las cuentas del Estado provincial.
Sin duda el gobernador Claudio Vidal, en tándem con el Vicegobernador no tienen ningún interés que los diputados de la oposición “metan la nariz” en la administración de los recursos y la gestión de los entes y organismos que los manejan. Tampoco hay duda que es una actitud defensiva del gobierno que intenta blindarse e impedir se ventilen las falencias y las corruptelas existentes en los distintos frentes, previo a la campaña electoral.
De acuerdo a información provenientes desde adentro de la Legislatura, el bloque kirchnerista le pedirá a la Directora de Comisiones que convoque a la Comisión y lo harán vía Resolución para la sesión próxima. Es importante destacar que la Comisión Investigadora de la Administración Pública debería tener carácter de permanente en la Cámara y la actual gestión le quitó ese carácter solo con una resolución modificatoria.
¿Alcanzarán los esfuerzos del blindaje legislativo para sostener la impunidad y el secretismo de los actos del gobierno en la denominada “Gestión Vidal”?. (Agencia OPI Santa Cruz)