Según publica La Nación A raíz de la nota publicada ayer en LA NACION, en la que la periodista Inés Beato Vassolo cuenta que no consiguió permiso para ingresar a Formosa y reportar cómo vive la provincia la crisis del coronavirus, desde la Fundación LED exigieron la libertad de desplazamiento para los trabajadores de prensa y de medios audiovisuales en todo el territorio nacional.
En medio de la polémica generada tras las denuncias contra el gobernador Gildo Insfrán, en el ejecutivo formoseño desde 1995 y a quien se acusa, entre otras cosas, de encerrar a casos positivos de Covid-19 o sospechosos en centros de aislamiento donde se registran malos tratos, arbitrariedades y condiciones insalubres, la organización emitió un comunicado en el que también habla de “hechos lamentables en relación al confinamiento de ciudadanos en centros de aislamiento obligatorio sin las mínimas condiciones de salubridad y en situaciones de hacinamiento”.
Asimismo, en reacción a una medida anunciada por el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, quien pidió a los periodistas que quieran informarse sobre lo que ocurre en el territorio que envíen las preguntas por mail, LED afirmó que esa disposición ratifica “la prohibición de entrada de periodistas” y aseguró que ya llevan reportados varios casos, a lo largo del mandato de Insfrán, de reporteros hostigados, agredidos y amenazados.
Sobre el caso puntual de LA NACION, la fundación indicó: “La prohibición de ingreso de la periodista Inés Beato Vassolo, quien denuncia en un artículo publicado hoy las restricciones de ingreso que le fueron impuestas en los puestos fronterizos de Mansilla y El Colorado de la citada provincia, genera mayor preocupación y repudio no solo por el impedimento para llevar adelante su tarea informativa (.) sino por la limitación que se impone a todos los ciudadanos de conocer la información sin cortapisas y por cualquier medio que elija”.
En respuesta a todo este contexto, LED reclamó al gobierno de Alberto Fernández “la disposición de medidas tendientes a garantizar el trabajo de los periodistas en todo el territorio nacional” y ratificó la necesidad de exigir el cumplimiento de la libertad de expresión en todo el territorio.
Por último, en el comunicado detallaron que pedirán la intervención de organismos internacionales como la Relatoría Permanente para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría de libertad de Expresión de las Naciones Unidas, “a fin de alertar sobre las restricciones que el ejercicio de estos derechos sufre dentro de nuestro territorio”.
La defensa
El jueves pasado, el jefe de los senadores del Frente de Todos, el legislador por Formosa, José Mayans, se refirió a las acusaciones contra el gobierno de la provincia y afirmó que todo es parte de una “estrategia de desprestigio”.
En el inicio de la sesión especial del Senado, Mayans afirmó que “un periodista” le preguntó “si existe la libre circulación” en la provincia de Formosa ante las denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos en centros de aislamiento y declaró que él le respondió que por supuesto, pero que, en pandemia, “hay que cuidar a las personas y aparte los estados tienen la obligación de cuidar a la salud pública y que en este caso el derecho al libre tránsito no es derecho absoluto, se ve limitado y se toman medidas que no son lo que la gente quiere”.
“La respuesta a eso no se hizo esperar: una denuncia hecha por la diputada (Elisa) Carrió, por (el jefe de los senadores opositores) Luis Naidenoff y el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pidiendo la intervención de Formosa por atropellos a los derechos humanos. Ahí empezó la campaña política”, dijo según lo publicado por la agencia Télam.
“El ataque fue feroz al gobierno de Formosa. Tuvimos ocho denuncias”, agregó luego cerró su intervención con una defensa del gobernador, sobre quien dijo que sus medidas sanitarias dieron “resultados óptimos” para impedir la expansión de casos. (La Nación)
