Según publica Clarín Ya hay conversaciones fluidas. Estudian opciones para superar el obstáculo de la ley de vacunas sancionada en el Congreso, que no conforma al laboratorio. Cuáles serían las herramientas en danza.
Por: Pablo Sigal
Hubo más de una reunión entre el Gobierno y los directivos de la filial local de Pfizer durante las últimas semanas. Las declaraciones del martes de la asesora presidencial Cecilia Nicolini han sido el resumen de gestiones retomadas en silencio días antes, probablemente cuando el Gobierno percibió que se avecinaba un cuello de botella en la disponibilidad de vacunas contra el coronavirus.
El potencial contrato con el laboratorio estadounidense se ha puesto otra vez en foco. Una negociación que en noviembre del año pasado quedó trunca. Desde el Poder Ejecutivo analizan diferentes alternativas para avanzar, con la finalidad de superar la barrera de la ley de vacunas que sancionó el Congreso y que nunca conformó a Pfizer.
Hay un primer dato importante: el clima ha vuelto a ser favorable, con buenas señales de un lado y del otro. Fuentes del laboratorio le manifestaron a Clarín que existe “la voluntad de allanar el camino a fin de alcanzar un potencial acuerdo”.
En la ley hay puntualmente dos temas que preocupan a Pfizer: tener que hacerse cargo de una demanda por cuestiones de negligencia en el caso que que ocurran efectos adversos entre los vacunados, y que Argentina no esté dispuesta a responder con activos soberanos ante una eventual demanda.
Tal como estaban dadas las condiciones hasta ahora, la negociación no pudo avanzar. El tema pasa por ver cuál de las dos partes cede algo, o cede mucho, o cuál cede más. Y algo no menor para el Gobierno: a cambio de qué. Para Alberto Fernández no sería lo mismo modificar la ley de vacunas por un puñado de dosis, con el costo político que eso implicaría, que hacerlo por una cantidad que le asegure acelerar la despareja campaña de vacunación.
La primera de las claves en juego es si la ley efectivamente se modifica, y cuánto se modifica. Clarín pudo confirmar que hasta el momento no ha habido contactos entre el Gobierno y el Congreso para encarar posibles cambios en la norma. Por ese carril la rueda permanece en punto muerto. Pero tal vez no sea allí que haya que buscar el próximo movimiento.
Una alta fuente del oficialismo en el Congreso cree que la opción más “saludable” para el Gobierno sería la firma de un DNU que modifique aquellas cuestiones legales que impidieron avanzar en un acuerdo. “Volver a tratar la ley en el recinto acarrearía un show que al Presidente no le conviene”, consideró.
La segunda clave pasa por ajustar esos cambios a través de los cuales el Gobierno podría llegar a un punto de encuentro con Pfizer. Por ejemplo, definir si el tema de la negligencia quedaría completamente fuera de la ley, para beneplácito del laboratorio, o si se consideraría algún tipo de situación intermedia en la que el proveedor de vacunas deba hacerse cargo.
La tercera clave está vinculada a los activos soberanos. Allí aparece una chance que ya fue utilizada, por ejemplo, entre Pfizer y Perú: la posibilidad de contratar un reaseguro internacional de cobertura ante posibles juicios, que le permita al país no tener que comprometer sus bienes patrimoniales. O, en su defecto, la creación de un fideicomiso que respalde cualquier tipo de demanda.
La voluntad política de superar esos obstáculos seguramente llegue de la mano de cuántas dosis pueda asegurarle Pfizer al país. No está claro cuál es la disponibilidad de vacunas que tendría el laboratorio para ofrecer a esta altura del año, comprometidos ya sus lotes por contratos celebrados previamente con otros países. Aunque capacidad de producción no le falta: su plan para 2021 es fabricar 2.500 millones de dosis.
“El año pasado, Pfizer le había ofrecido a Argentina diez millones de vacunas, pero el interés oficial en ese momento era que existiera transferencia de tecnología para que la vacuna se fabricara en el país”, explicó a Clarín una fuente de la industria farmacéutica que siguió de cerca aquella negociación y en estos últimos meses se mostró como un activo “celestino comercial” entre las partes.
“Cuando la empresa respondió que la voluntad de nuestro país de tener producción nacional era imposible en una primera instancia, el Gobierno decidió que el volumen de compra sería de apenas 750 mil dosis”, agregó la fuente. El globo se fue pinchando y el saldo final de aquel primer tiempo, claro está, fue nulo.
Entonces apareció en el escenario AstraZeneca, que sí le permitía al Gobierno compatibilizar la compra de vacunas con su objetivo de elaborar el principio activo en la Argentina. Ahí nació el vínculo entre la farmacéutica y el laboratorio mAbxience, con el que tercerizó las dosis para Latinoamérica.
Ese modelo también podría repetirse en el futuro con la vacuna Sputnik V, a partir del acuerdo firmado entre Richmond y el Instituto Gamaleya, de Rusia. La previsión es que ese proceso de producción, completo, podría comenzar en junio de 2022.
La conclusión de corto plazo es que esas dos iniciativas (AstraZeneca y Sputnik) no fueron garantía de disponibilidad de vacunas, sino más bien lo contrario. La respuesta de esos laboratorios, al menos hasta el momento, ha oscilado entre la inestabilidad y la inexistencia.
La necesidad argentina de dosis de Pfizer, en caso de poder acceder a ellas, se articulará con las que AstraZeneca esté en condiciones de entregar en las próximas semanas. Por lo pronto, un comunicado emitido por este laboratorio en la noche del miércoles no ha dado fechas. Sólo habla de “primer semestre”.
En ese contexto se enmarcó la reunión que mantuvieron, también este miércoles pero más temprano, la ministra Carla Vizzotti con los directivos de AstraZeneca. Allí la funcionaria les había pedido que apuntaran precisiones en el calendario. A la luz de las declaraciones públicas que el laboratorio ha hecho en las últimas horas, no se sabe cuándo las podría ofrecer. (Clarín)