Según publica Clarín El ministro Martín Soria, que responde a la vice, es el responsable del programa de protección de testigos donde está el ex jerarca kirchnerista hoy condenado.
Por: Lucía Salinas
Cuando los resultados electorales mostraban que Alberto Fernández sería el próximo presidente, hubo una diáspora de testigos e imputados protegidos. No querían que el gobierno armado por Cristina Kirchner sea responsable de cuidarlos, de saber sus datos que tienen carácter de confidencial.
Muchos de los que firmaban la renuncia al programa que depende del Ministerio de Justicia, fueron arrepentidos en causas de corrupción contra la vicepresidenta y ex integrantes de su gabinete. Ahora, tras la libertad condicional concedida a José López, será un hombre de la ex Presidenta el responsable de garantizar su cuidado, privacidad e integridad.
El Programa de Testigos e imputados protegidos hasta 2020 tenía bajo su potestad poco más de 236 personas, universo que se amplía si se contemplan los grupos familiares. Entonces, el número asciende a 400 personas. El sistema tiene como prioridad el resguardo y la integridad de la vida de quienes ingresan a este programa una vez que deciden colaborar con la justicia. Todo se realiza y se sostiene en el tiempo bajo una estricta confidencialidad, a tal punto que son reservados los gastos destinados para tales fines.
José López estuvo detenido durante más de cinco años y medio, con una condena por enriquecimiento ilícito dictada en 2018 sin la confirmación aún de la Corte Suprema de Justicia, logró la libertad condicional anticipada.
Así lo pidió su defensora oficial, Pamela Bisserier cuando no logró que el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) le otorgara las salidas transitorias. El cálculo indicaba que la pena que se le dio al ex funcionario en la causa donde buscó esconder bolsos con U$S 9 millones, joyas y armas, ya alcanzaba los dos tercios de su cumplimiento.
Los artículos que se pusieron en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, establecen que la firmeza de la pena se alcanza cuando se pronuncia al respecto la Corte Suprema de Justicia. Como eso no ocurrió aún, sólo hubo confirmación por parte de la Cámara de Casación, la defensora pidió que se le conceda la libertad condicional por los plazos ya cumplidos.
Finalmente, después de que la Casación ordenara reducir la fianza de 85 millones de pesos, el TOF 1 que fijó la misma en 14,5 millones de pesos, firmó el viernes pasado la libertad condicional de José López. Sujeto a un par de reglas para no perder dicho beneficio, el ex secretario de obras públicas no disfrutará de su libertad de forma plena ya que es parte del programa de testigos e imputados protegidos.
El ministro de Justicia, Martín Soria, es el responsable ahora de custodiar y garantizar la seguridad del ex funcionario K. Más específicamente, el programa depende de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El ex secretario de Obras Públicas ingresó al programa en 2018 después de convertirse en arrepentido en el caso de los Cuadernos de las Coimas. El ingreso a este sistema de protección es voluntario, después el trámite lo inicia el juzgado y una vez aceptado, todo corre por cuenta del Ministerio de Justicia, ya que se trata de un programa confidencial: el domicilio, sus actividades, sus movimientos, sus comunicaciones como visitas, son monitoreadas por la cartera que dirige Soria.
Cuando Mauricio Macri dejó la Casa Rosada, José López llamó en reiteradas ocasiones a Comodoro Py preguntando si permanecería seguro dentro del Programa. Su inquietud no era aislada, su confesión como arrepentido en el tramo que investigó la cartelización en la obra pública, se centró en el rol y conocimiento de la situación que tenía Cristina Kirchner.
Desde que firmó su confesión ante el fiscal Carlos Stornelli, López dejó el Penal de Ezeiza ya que como parte del Programa de Imputados y Testigos protegidos se lo resguardó en otra dependencia del Servicio Penitenciario Federal porque señaló que tenía temor de algún tipo de represalia. Pasó los últimos años más aislado que nunca. Este viernes dejó su reducida celda donde contaba con una radio, un televisor y material de lectura mayoritariamente.
El TOF 1 integrado por los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Ricardo Basílico, recibió la información por parte del Programa de Imputados y Testigos Protegidos respecto al cumplimiento de todos los requisitos por parte de López. Eso sí: no se informa a la justicia la ubicación exacta. Si necesitan notificarlo de algo, o citarlo por algún otro caso, Comodoro Py debe comunicarse con el Programa que tiene en sus manos el resguardo del ex funcionario de Cristina Kirchner.
Con reglas, muy estrictas, a la que no todos logran adaptarse, el programa asiste a hombres y mujeres que participaron en actividades delictivas o que fueron testigos de ellas, y que por haber dado información delicada y relevante pueden incidir en una investigación. Para protegerlos, en muchas ocasiones quienes ingresan al programa son obligados a aceptar un cambio radical de sus estilos de vida.
¿Qué restricciones tendrá José López? Como los demás testigos protegidos tendrá fuertes restricciones sobre la tecnología que pueden utilizar: debe entregar todas sus cuentas de redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, etc.) y, sus direcciones de correo electrónico.
En consecuencia, la comunicación ya no es voluntaria ni libre. Sus teléfonos suenan en cualquier momento del día, sin previo aviso, con el único fin de supervisar que todo esté en orden. A veces, van perdiendo incluso contacto con su círculo más íntimo.
Casos de corrupción
La menor cantidad de testigos e imputados protegidos corresponde a las investigaciones de corrupción, la mayoría son en casos de narcotráfico y trata de personas. Con la renuncia de Alejandro Vandenbroele durante el 2020, sólo quedan allí 12. Una de ellas es su ex esposa, Laura Muñoz, cuyo relato desató el escándalo que llevó a Amado Boudou a una condena de 5 años y 10 meses por corrupción.
El último en ingresar al programa fue Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta y autor de los ocho cuadernos que dieron origen a la causa donde se investigó el circuito de coimas que -según la acusación- los ex funcionarios del extinto ministerio de Planificación, “comandados por Cristina Kirchner”, cobraban a empresarios contratistas del Estado. Es el testigo de “mayor riesgo”.
Con mudanzas permanentes de vivienda y sin poder reinsertarse aún laboralmente, el ex chofer modificó algunos aspectos de su imagen y recibe visitas regulares de su familia.
Quienes salieron del programa fueron Víctor Manzanares (ex contador de los Kirchner), Leonardo Fariña (único arrepentido en la Ruta del Dinero K), Alejandro Vandebroele (después de que se ventiló su expediente confidencial). (Clarín)
