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Correo Argentino: La justicia reabrió la investigación sobre los ex funcionarios que aceptaron el plan de Macri para pagar su deuda

Según publica Clarín Un juez en lo contencioso administrativo aceptó la apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para seguir las actuaciones burocráticas contra dos abogados del ex ministerio de Comunicaciones.

Por: Lucía Salinas

La justicia en lo contencioso administrativo ordenó reabrir la investigación administrativa disciplinaria contra los responsables  del entonces Ministerio de Comunicaciones que aceptaron en junio de 2016 la oferta del Correo Argentino SA -firma del grupo Macri- para saldar la deuda que mantenía con el Estado. La medida busca determinar si hubo responsabilidades administrativas para tratar de beneficiar a la empresa de la familia del ex presidente.

La justicia federal recibió el año pasado un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte (DAJUDECO) que avaló la teoría de la fiscal K Gabriela Boquín respecto de las supuestas condiciones “abusivas” de la propuesta de pago de la deuda que el Correo Argentino, manejado por Socma mantiene con el Estado. Ese plan, que luego del escándalo quedó en nada, fue formulado por la firma en 2017, cuando Mauricio Macri era presidente.

Mientras la causa avanzaba en Comodoro Py, el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña y la ex vicepresidenta Gabriela Michetti clausuraron el sumario administrativo y disciplinario que se había iniciado para determinar si hubo irregularidades en la negociación encabezada por funcionarios del gobierno macrista y la empresa.

Esa decisión fue apelada por el fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). En aquella ocasión se planteó que el cierre de la investigación administrativa se sustentaba “en un procedimiento nulo, vulnerándose el principio de legalidad, el debido proceso adjetivo” y que “impedía que se logre una

investigación integral de los hechos denunciados en el marco del proceso sumarial, apartándose así del propósito específico del mismo”.

La PIA había requerido el 10 de febrero de 2017 al entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, el “urgente inicio de una actuación disciplinaria tendiente a individualizar a los agentes involucrados y determinar las responsabilidades administrativo-disciplinarias y patrimoniales que pudieren corresponderles por el suceso ventilado”.

Aunque la investigación administrativa se inició, seis meses después las autoridades del gobierno de Mauricio Macri clausuraron dichas actuaciones, y en octubre de 2017 el instructor sumariante elevó un informe en el que concluyó que las “conductas investigadas no constituían irregularidad administrativa alguna”.

La Procuraduría insiste en que, por el contrario, sí hay responsabilidades que delimitar y la posible comisión de delitos que causaron perjuicio al erario público. Esa postura fue rechazada y Marcos Peña y Gabriela Michetti firmaron la clausura definitiva del sumario administrativo.

En instancia de apelación, la PIA fue ante el fuero contencioso administrativo, obteniendo ahora una resolución favorable: esas actuaciones disciplinarias serán reabiertas.

Entre sus argumentos, el fiscal Rodríguez había señalado que “sólo fueron citados en calidad de imputados los doctores Juan Manuel Mocoroa y María Alejandra Gottardim -del área jurídica de Comunicaciones-, y al decretarse la clausura sólo de declaró que los hechos objeto de investigación no constituían irregularidad administrativa y no se determinó la existencia de perjuicio fiscal”.

El juez Pablo Cayssials entendió que había un perjuicio ocasionado hacia la fiscalía de investigaciones administrativas, y citó otro tramo de los argumentos, en el que se recuerda que los ex funcionarios fueron imputados y citados por la justicia federal como presuntos responsables de haber firmado un acuerdo ruinoso para el Estado.

Se planteó que resultan nulos los argumentos utilizados para cerrar la investigación administrativa “por haberse sustentando únicamente en la declaración del imputado Juan Manuel Mocoroa, sin tener en consideración la prueba aportada” por la PIA “remarcando, además, que se le negó la posibilidad de producir los medios probatorios sugeridos”.

En junio de 2016, cuando Macri ya estaba en la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. A fines de ese año, la fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”.

Esto último fue lo que diputados del kirchnerismo denunciaron en Comodoro Py y dio origen al expediente a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Está bajo análisis la deuda de la empresa y la supuesta responsabilidad de los funcionarios en la negociación de la firma del Correo con el Estado para saldar una deuda acumulada durante años.

El expediente que tramita en la justicia federal contó con un informe técnico de la DAJUDECO. En ese análisis, se estudiaron las seis propuestas de pago que entre 2003 y 2016 el Correo Argentino realizó a sus acreedores, siendo el Estado el principal.

El estudio ponderó entonces las cuotas propuestas por el Grupo Socma -un total de 16- y el monto de las mismas. “Cruzando esas variables, esta especie de calculadora utilizada arrojó 126 posibilidades”, explicaron fuentes judiciales en aquel momento. Pero en todas, la quita era superior al 93%. Entre la “mejor” opción y la peor, que es la calculada por la fiscal Boquín (98%), sólo se obtuvo un 5% de diferencia. “El informe confirma así que era un acuerdo abusivo”, indicaron desde la causa.

Los abogados de Socma difieren. “El informe de la Dajudeco contiene un error de enfoque y cálculo respecto a la quita. La fiscal estima una quita del 90% sobre una supuesta deuda de 70.000 millones de pesos, con lo cual la quita no puede ser similar si la deuda es muchísimo menor, como concluye la Dajudeco, mientras la oferta es la misma”, indicaron. (Clarín)

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