Según publica Clarín Desde que asumió Alberto Fernández los pasivos en pesos crecieron 348%. Y Martín Guzmán sigue colocando bonos atados al costo de vida.
Por: Daniel Fernández Canedo
La deuda del Tesoro en pesos, que en noviembre de 2019 alcanzaba los $15.900 millones, en marzo tocó $71.500 millones, una suba de 348% que preocupa tanto por el monto alcanzado como por la velocidad de crecimiento pero, también, por un tema sensible.
Ese tema es que el grueso de esa deuda está colocada a plazos muy cortos y que en un 87% se actualiza por la inflación que, a su vez, dio y está dando un salto que amenaza generar una “bola de nieve” de endeudamiento que podría devenir en impago.
La deuda en pesos y la inflación se retroalimentan en estas semanas a un ritmo acelerado.
El llamado a licitación de bonos para conseguir $380.000 millones del miércoles 27 de abril de 2022 por parte de un ministro Martín Guzmán crecientemente cuestionado por Andrés Larroque, de La Cámpora, el kirchnerismo y lo que ya se conoce como el “gobierno oriental” (el avatar corresponde al periodista Willy Kohan) que se enfrenta al “occidental” de Alberto Fernández, confirma la tendencia y los riesgos.
Se licitaron nueve bonos y letras, uno reservado a fondos comunes de inversión, letras atadas al CER y un bono ajustable por el dólar oficial, pero se espera que la mayor demanda será sobre letras ajustables por la inflación que vencen dentro del año.
Si la inflación, como pronostican buena parte de los economistas, llegara a 60% este año, Martín Guzmán terminaría pagando 50% anual de interés por la mayor parte de esos $71.500 millones que van engordando.
Un tema adicional y sensible para la Argentina es quiénes son los principales compradores de esas letras y bonos emitidos generosamente para financiar el déficit fiscal.
Los cálculos privados indican que las Letras de Liquidez (Leliq) del Banco Central y los bonos del Tesoro colocados en los bancos (las tenencias no son uniformes) representan cerca del 55% del activo del sistema financiero. O sea que más de la mitad del sistema depende de la solidez del Estado para hacer frente a sus compromisos financieros.
Es por eso que “el gobierno occidental” crece la preocupación por el temor a una espiralización que consolide en 5% mensual (y no en 3%, como perfilaba a comienzos de año) el piso de la inflación.
El denominador común entre deuda, inflación y balance cambiario de estos días es que encendieron las luces amarillas del tablero de control del Ministerio de Economía.
La liquidación de dólares de las exportaciones de granos se ralentizó, al calor de las amenazas oficiales de aumento de retenciones y de creación de un gravamen a la “renta inesperada”.
La incertidumbre tiene su costo y en este caso se tradujo en que el Banco Central compró en el mes menos de US$3.000 millones de las exportaciones de granos, cuanto tenía previsto obtener más de US$3.500 millones.
El balance cambiario se estresa porque, por el otro lado, las importaciones corren mucho más rápido: los US$ 7.000 millones que alcanzaron en marzo habrían sido sólo un anticipo del proceso de adelantamiento de las compras de energía, maquinaria, piezas y bienes de consumo terminados, ante el temor de que el Banco Central deba cerrar más el cepo al dólar en los próximos meses.
También en la previsión para importar la incertidumbre se hace fuerte y la situación macroeconómica no la sostiene.
El golpe de inflación del primer trimestre (16,1%) y los pronósticos de que en abril el costo de vida subirá por encima de 5%, llevaron a 60% el aumento salarial testigo para este año en las negociaciones paritarias. Y eso, además, de acortar los plazos para las actualizaciones que de tres anuales como venía siendo usual, ahora llegan en algunos casos a siete.
Simultáneamente, y como lo consigna un informe de la Fundación Capital que dirige Martín Redrado, el Gobierno implementó un conjunto de bonos para “reforzar los ingresos de unas 13 millones de personas” cuyo costo fiscal “podría superar 0,4% del PBI, siendo un gasto aproximado de $330.000 millones. A modo de comparación, los tres pagos del IFE durante la cuarentena de 2020 resultaron en una erogación de 1% del PBI”.
El desembolso previsto por los nuevos bonos para los jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos (5,7 millones de personas), monotributistas de las categorías AyB (unas 700.000 personas), empleados de casas particulares (467.400 registrados) y trabajadores informales (cerca de 4,9 millones) se traducirá en una mejora -aunque temporal- sensible en sus ingresos y saca a la luz, una vez más, el peso decisivo del gasto público en los bolsillos y la política oficial.
Concluye la Fundación Capital: “Estamos frente a un importante desafío social, con altos niveles de pobreza, incluso en un marco en que se cuenta con más de 140 programas sociales y en el que el 50% de las personas pertenece a alguno de ellos”.
Es evidente que tanto los salarios como los planes o la ayuda social corren por detrás de un salto inflacionario que el Gobierno intenta ubicar la culpa en la trepada de los precios internacionales por la invasión rusa a Ucrania, pero que no encuentra contrapeso ni en un plan que resulte creíble ni en el descarnado enfrentamiento interno en el Gobierno. (Clarín)
