Según publica La Nación La procuradora adjunta de Entre Ríos, que coordinaba las investigaciones de corrupción, le solicitó al máximo tribunal que intervenga para evitar que la justicia provincial cajonee la revisión de su destitución.
Por: Paz Rodríguez Niell
Cecilia Goyeneche, destituida el mes pasado de su cargo de procuradora adjunta y fiscal anticorrupción de Entre Ríos, presentó esta mañana un recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal tome su caso y la reponga en funciones.
Goyeneche le pidió a la Corte, en primer lugar, que revoque la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento que la removió. En su defecto, que suspenda “preventivamente” los efectos de aquel fallo y que les ordene al Superior Tribunal de Entre Ríos y al Jurado de Enjuiciamiento que arbitren “todos los medios necesarios” para que ella “pueda obtener una sentencia definitiva del Superior Tribunal de la causa en un plazo no mayor a 15 días”.
Goyeneche era la procuradora adjunta de Entre Ríos (número dos de la Procuración provincial) y coordinaba los equipos que investigaban las causas de corrupción. Integró el grupo de fiscales que este año logró la condena del exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión. Fue destituida el 24 de mayo pasado.
El camino de recursos contra ese fallo que ella debería seguir la obliga a pasar primero por el Superior Tribunal de Entre Ríos antes de llegar a la Corte nacional. Su idea con el per saltum es eludir este trámite intermedio en la justicia provincial. Goyeneche sostiene que hay una mayoría dentro del Superior Tribunal que estuvo detrás de la maniobra para echarla y sospecha que van a pisar su caso para evitar que ella consiga ser repuesta.
En diálogo con LA NACIÓN, Goyeneche afirmó hoy: “En la provincia todos saben que la sentencia que dictaron es nula y la dictaron para mantenerme afuera de la función el mayor tiempo posible. Lo que queremos lograr con el per saltum es evitar eso. No dar lugar a esa estrategia de ganar el mayor tiempo posible con la fiscal anticorrupción afuera de la función. La idea sería que la Corte, a través de esta alternativa de intervenir en el per saltum, resuelva la cuestión o le ponga plazos muy breves al Superior Tribunal de Entre Ríos para que resuelva”.
El Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos destituyó a Goyeneche con un fallo que, por cinco votos contra dos, consideró que ella había perdido “el atributo de objetividad”.
Los votos contra Goyeneche le reprocharon como cargo central no haberse excusado en el caso de los “contratos truchos” de la Legislatura entrerriana, una gigantesca estafa que tiene entre sus acusados al contador Pedro Opromolla, que fue amigo del marido de Goyeneche y compartía con ella inversiones en fideicomisos para adquirir dos departamentos.
“Perdió el atributo de objetividad porque de manera deliberada decidió que no debía excusarse patentizando, ello, un claro acto arbitrario prohibido por la Constitución Provincial”, afirmó Juan Smaldone, uno de los jurados que votó por su destitución, que integra además el Superior Tribunal de Entre Ríos. Según él, la “conducta ciertamente disvaliosa” de Goyeneche “puso en riesgo la transparencia de las evidencias que iban colectándose en la investigación bajo la exclusiva coordinación suya”.
De acuerdo con el voto de este juez, “la omisión de excusarse durante un largo tiempo de la investigación instala un serio y grave dato que se edifica a partir de la falta de concreción de la requisa del teléfono celular del contador Opromolla, que tampoco estuvo presente al llevarse a cabo el allanamiento” de su estudio jurídico. En el jury no se demostró que Goyeneche hubiera favorecido a Opromolla, pero Smaldone sugiere en su voto que ella podría haber interferido en el resultado del allanamiento (por ejemplo, avisándole que sería allanado para que no estuviera cuando llegara la policía). Goyeneche, en su defensa, destaca que el allanamiento fue pedido por ella.
También le recriminaron a la fiscal haberse extralimitado en el caso del testigo Mario Deiloff, quien trabajaba para el estudio contable de Opromolla y dijo haber visto en las oficinas al marido de Goyeneche. Según la fiscal, se trató de un testigo “plantado” y era claro que mentía. Cuando Deiloff hizo estas declaraciones, en medio de una audiencia, Goyeneche lo interrogó. Después -dijo Smaldone en su voto- “coordinó con los fiscales subalternos para llevar a cabo el allanamiento y registro del domicilio” del testigo.
Votaron por la destitución de Goyeneche los tres jueces del Superior Tribunal de Entre Ríos que integran el Jurado (Smaldone, Gisela Schumacher y Daniel Carubia), uno de los representantes de los legisladores provinciales (el peronista Armando Gay) y uno de los representantes de los abogados, Gonzalo García Garro.
Goyeneche sostiene que Schumacher fue designada recientemente por el gobernador Gustavo Bordet en el Superior Tribunal con la indicación de que impulsara su remoción. También cuestionó la imparcialidad de Smaldone y Carubia, a quienes recusó sin éxito.
Schumacher, en su voto, insistió en que la fiscal debió haberse apartado del caso, sostuvo que no fue transparente ni siquiera con el resto de los investigadores respecto de su vínculo con Opromolla y afirmó: “Humana y personalmente, se podría no tener dudas sobre el comportamiento intachable. Pero ese ‘no tener dudas’ solo estaría basado en la confianza personal que Cecilia Goyeneche pueda despertar. En cambio, desde una mirada ajena a esa confianza personal, la institucionalidad quedó teñida, irremediablemente, de una sospecha imposible de destruir salvo por un acto de fe”.
Mulone, la presidenta del Jurado, pidió en cambio que Goyeneche fuera absuelta. En primer lugar, sostuvo que el Jurado de Enjuiciamiento obró en violación de la ley cuando decidió que a la fiscal no la acusara el Procurador, como establecen las normas, sino un abogado de la matrícula. Para Mulone esto fue “nulo de nulidad absoluta”, lo mismo que “todos los actos derivados de esa decisión”; es decir, “todo lo actuado por el Jurado”. Haber avanzado de todos modos, dijo Mulone, provocó un “descrédito” para el tribunal.
Pese a que este argumento era suficiente para justificar su voto por la absolución, Mulone analizó además los cargos contra Goyeneche y dijo que las relaciones que se constató que ella y su marido tuvieron con Opromolla “no implican en sí mismas la infracción a ninguna ley ni una conducta indecorosa de Goyeneche, o incompatible con las funciones a su cargo” porque lo único relevante es determinar si se “afectó su objetividad”, algo que según Mulone, “no se verificó” en este proceso.
Contra este fallo del jury que la destituyó, Goyeneche ya presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, pero espera que la Corte intervenga; que asuma el caso y se lo saque a la justicia entrerriana o que apure al Superior Tribunal para que decida con celeridad. (La Nación)
