Ahora el Gobierno no descarta reformar el Consejo de la Magistratura por decreto

Según publica Clarín Lo aseveró Martín Soria, ministro de Justicia, en una entrevista radial. Otro embate del oficialismo hacia la Corte Suprema.

El Gobierno continúa con su embate contra la Corte Suprema de Justicia. Luego de que Alberto Fernández motorizara el pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal -en una reunión en Olivos que tuvo con sus espadas en el Congreso, a las que le dio la instrucción de un “pronto tratamiento”- ahora trascendió que el Ejecutivo no descarta modificar el Consejo de la Magistratura por decreto.

Así lo hizo saber el ministro de Justicia, Martín Soria, en declaraciones radiales. El organismo de contralor de jueces quedó enredado en la tensión por su composición y es presidido por Horacio Rosatti, blanco de todos los ataques K.

La disputa para integrarlo llegó a la insólita decisión de Cristina Kirchner de fracturar el bloque del Frente de Todos en el Senado para intentar tomar una banca más en la integración del Consejo, lo que derivó en presentaciones y fallos judiciales. La medida tuvo su reflejo en Diputados, cuyas designaciones también entraron en un limbo judicializado.

Este miércoles, en diálogo con Radio con Vos, Soria fue consultado primero acerca de la posibilidad de que el temario de sesiones extraordinarias, que convocaría el Poder Ejecutivo en breve, contenga el tratamiento del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que ya cuenta con media sanción del Senado.

“Tranquilamente, sería una posibilidad”, sostuvo Soria y abrió la puerta a que en los próximos días el Frente de Todos retome el tema y busque sancionar la reforma.

Soria consideró que el pedido de juicio político del Presidente y los gobernadores a los integrantes de la Corte Suprema “es un hecho inédito” y consideró que está relacionado con “la gravedad de la crisis que ha generado esta Corte Suprema diseñada por Mauricio Macri”.

Luego el ministro ultrakirchnerista fue consultado sobre si desde el Gobierno planeaban una reforma del Consejo de la Magistratura por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Tras algunas explicaciones, Soria fue categórico en su respuesta: “Claro que sí”. 

El funcionario que llegó a la cartera judicial con apoyo de Cristina Kirchner avanzó también en cuestionamientos al Poder Legislativo. “El bloqueo al Consejo de la Magistratura no es ni más ni menos que lo que nos está pasando hoy con el Congreso de la Nación”. Lo que critica Soria es que el oficialismo no tiene los votos en los recintos.

En ese sentido, recordó la fallida sesión en la Cámara baja donde el kirchnerismo no contó con acompañamiento de la oposición para votar, entre otros temas, la creación de nueve universidades públicas. 

“Esta oposición que se opone a todo y porque sí, directamente bloquea el funcionamiento no solamente del Consejo de la Magistratura con la anuencia de la Corte Suprema, sino también con la de los medios”, enumeró en un clásico catálogo K de culpables de todos los males que cercenan sus intereses.

La argumentación de Soria se basó en interpretar que el artículo 99 de la Constitución habilita al Ejecutivo a legislar por DNU. Y que el texto no prohíbe expresamente al Presidente a utilizar ese recurso para reformar la Magistratura.

“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”, define la Constitución.

El limbo del Consejo de la Magistratura

El pasado abril, con ayuda de dos aliados clave, el oficialismo del Senado le dio media sanción, con modificaciones, a la reforma del Consejo de la Magistratura que eleva de 13 a 17 sus miembros y no incluye a ningún representante de la Corte Suprema, el principal punto de los cruces con la oposición.

En el debate parlamentario el texto sufrió cambios para sumar el apoyo del aliado clave, Alberto Weretilneck, que reclamaba la “federalización” del Consejo.

Se estipuló que los cuatro jueces y los cuatro abogados que formen parte de la magistratura sean elegidos uno por cada región del país: AMBA, Norte, Centro y Sur del país.

Además se anunció la puesta en marcha de una quinta comisión, de “Asuntos Federales”, integrada por cuatro senadores, como consejeros ad honorem, y aunque no van a tener voto para el proceso de designación de jueces o funcionarios judiciales, podrán “opinar, evaluar o analizar” los candidatos para las jurisdicciones del interior.

También el Frente de Todos incorporó el pedido del senador oficialista, Edgardo Kueider, para dar de baja el requisito que señala que los representantes de los legisladores deben ser abogados para ser consejeros.

Pero a la hora de la designación y reparto de los representantes de Diputados y el Senado, las maniobras y las judicializaciones dejaron en un limbo la definición del cuerpo de contralor judicial. (Clarín)