Según publica Clarín Monitorean a Córdoba, Mendoza y Santa Fe. El Gobierno les dijo que consigan el 40% de los dólares.
Por: Juan Manuel Barca
El cepo para el pago de las deudas provinciales generó inquietud fuera de la Argentina. En los últimos días, al menos tres gobernaciones recibieron llamados de bonistas, preocupados por la medida que desde el 1 de junio pasado limitó el acceso al mercado único de cambios, con el objetivo de que utilicen sus depósitos en dólares para cancelar vencimientos de capital.
“¿Cómo les impacta?”, fue una de las principales consultas de los acreedores, tras conocer la restricción para contener la salida de dólares. Los teléfonos sonaron en Córdoba, Mendoza y Santa Fe, provincias que comparten inversores privados. Las dos primeras afrontan este año pagos por US$ 259 millones y US$ 40 millones, respectivamente.
La Justicia federal autorizó la semana pasada a Córdoba a comprar US$ 120 millones con dólares del Banco Central. “Ellos valoran la solvencia fiscal de la provincia, pero manifestaban su preocupación por el acceso al mercado oficial, la circular del Central aumentó su preocupación, que se desactivó con la cautelar”, reconocieron fuentes de la provincia.
La calificadora de riesgos Moody´s advirtió la semana pasada que si bien no tiene un impacto inmediato, “en el mediano plazo este tipo de medidas podría afectar negativamente el perfil crediticio de algunos gobiernos locales debido a los costos incrementales que impondrían las eventuales refinanciaciones y/o la obtención de divisas para honrar los compromisos asumidos”.
En ese marco, Mendoza también tuvo que dar explicaciones la semana pasada a cinco inversores grandes. “Las que tenemos ordenados los números, con algún superávit y deuda chica, esto en teoría encarecería el pago de una parte de la deuda, pero en general es un escenario que ellos tenían previsto, no los noté asustados como pensé”, dijo el ministro de Finanzas, Victor Fayad.
La normativa, cuyo plazo rige hasta fines de diciembre, redujo el acceso a las provincias al 40% de los dólares para cancelar pagos de capital y estableció que el otro 60% deberán afrontarlo con sus propios fondos o reestructurar sus bonos, con un plazo máximo en promedio de dos años. El mismo esquema que se aplicó desde 2020 a las empresas.
Si bien en un principio los bonos provinciales registraron leves caídas, los cambios no tuvieron mayor repercusión. “De hecho, antes de que saliera el fallo a favor a Córdoba, no hubo movimientos en el mercado saliendo a vender bonos por miedo a no conseguir reservas”, agregó Fayad. (Clarín)
