El acoso y la violencia de género resulta más condenatoria, grave y punible que el de un delincuente que se robó un país y puede seguir ejerciendo cargos electivos

(Por: Rubén Lasagno) – La Argentina es un país psiquiátrico, ya lo he dicho en varias oportunidades  y explicado largamente. Según mi punto de vista, nuestra sociedad no solo carece de justicia, seguridad y estabilidad económica, sino, le falta criterio, voluntad para expulsar los cuerpos extraños de esta sociedad enferma y sobreponerse a la doble moral de su dirigencia, en todos los ámbitos de la sociedad y el país.

Todo viene a cuento con la resolución tomada por Boca Junior de cancelar al jugador Sebastián Villa, a partir de conocerse la condena de 2 años y un mes (excarcelable) impuesta al colombiano por violencia familiar hacia su pareja.

No discuto ni pretendo poner aquí en juicio la acción deplorable de Villa, quien quizás hasta hubiera merecido una pena mayor por sus actos. Eso está fuera de discusión. Tampoco merecería objeción la decisión de Boca de ralearlo del plantel y decidir que no juegue más por la condena recibida. El problema está basado en el enfoque conceptual de lo que está bien o está mal y aquello que en una circunstancia está mal y aplican a rajatablas la punición, en otros aspectos está bien y nadie sufre la mínima condena.

Mientras Boca Junior deja al futbolista sin jugar, debido a la condena en primera instancia a partir de una presentación del “Departamento de Género” de la institución deportiva, quien considera esta condena suficiente para proscribirlo y hacerle perder sus chances laborales, a una mujer como Cristina Fernández que le robó un PBI al país, junto con una banda de ladrones, todos juzgados y condenados en primer instancia, pero alegando que “las condenas no están firmes”, todos ellos, incluyendo la vicepresidenta en funciones, no han sido separados de sus cargos, ni proscriptos para presentarse en elecciones abiertas y pueden ser elegidos para seguir manejando la cosa pública y obviamente, robándole al país.

En la práctica, un hecho de maltrato familiar tiene una carga punitiva mucho más grave que robarse los dineros públicos, sumir a un país en la pobreza, licuarle los activos, formar una banda para extraer los fondos a través de la obra pública y trasladar los dineros robados a todos los argentinos, en bolsos hasta el departamento de la calle Juncal, viajar con ellos a Santa Cruz en el Tango 01, T-11 y T-3 y ensilarlos en “caletas” o cuevas de resguardo, como lo ha probado la justicia y por cuya razón no hay nadie preso y ni siquiera se encuentran impedidos de ejercer funciones públicas.

Si esto es justicia, la justicia dónde está?. Un empleado de un club de fútbol pierde su trabajo, recibe el castigo social y los proscriben de su actividad deportiva, arruinándole su futuro y a delincuentes que han sido condenados a penas mayores por haberse robado un país se les permite ser candidatos y seguir en la función pública?. 

En el caso de los  políticos ladrones, rige el principio de la necesaria “condena firme”, para hacer efectiva la cárcel y las inhabilitaciones, para el jugador de fútbol, con condena por debajo de los exigible para ser efectiva, se le anula el requisito necesario de la “condena firme”, el club le aplica una clara condena social, de evidente ribetes ideológicos, discriminatorios e injustos, por cuanto se incumple con el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Recordemos que un Fiscal como Marijuan llegó a la conclusión de que entre Cristina Fernández y Lázaro Báez no hubo conexión delictiva para lavar fondos públicos, a pesar de que está probado en juicio el delito entre ambos y el propio Marijuan encontró casi 400 conversaciones telefónicas entre ambos, donde seguro hablarían del tiempo y el horóscopo. Mientras esta actitud deplorable y cómplice de este sujeto judicial, le sirvió en bandeja al otro juez K (Casanello) la posibilidad de sobreseer a la vicecondenada, esta mujer, sucia de legajo y moral, coquetea con una posible candidatura para seguir robando. 

Mientras todo ello ocurre, el jugador de Boca Junior no puede ejercer su derecho de trabajar porque la sensiblería política y social de un país desviado en casi todos los parámetros de justicia, decide seguir las reglas de la ideología de género y para Villa no corre la necesidad de “la condena firme” como condición para marginarlo; es decir, le han impuesto toda la ley con el mayor rigor y sin excepciones a un maltratador, que para juzgar y castigar al crimen organizado desde el poder. (Agencia OPI Santa Cruz)