La Corte Suprema de Argentina emitió una decisión unánime declarando que la presidenta de la Cámara Federal de Casación, Ana María Figueroa, dejó de ejercer sus funciones como jueza a partir del 9 de agosto de este año, cuando cumplió 75 años de edad. El fallo de la Corte pone fin a una controversia sobre la continuidad de la magistrada en su cargo y respalda la disposición constitucional que establece el límite de edad para los jueces.
La decisión de la Corte Suprema también implica que Figueroa dejará de percibir su sueldo como magistrada y que se procederá a la apertura del concurso para designar a su reemplazo. El tribunal supremo notificará al Consejo de la Magistratura sobre su resolución para que tome las medidas correspondientes.
El fallo de la Corte revoca efectivamente una resolución previa del Consejo de la Magistratura que otorgaba una especie de prórroga en las funciones judiciales después de los 75 años de edad, a la espera de una decisión del Senado sobre la reválida de los jueces.
Los jueces de la Corte argumentaron que la norma constitucional no establece un período de gracia después de los 75 años, lo que significaría que el nombramiento para un nuevo período debe ser anterior a la fecha en que el magistrado alcance esa edad. En consecuencia, la Corte concluyó que la Dra. Figueroa perdió su investidura judicial el 9 de agosto al no haber obtenido una nueva designación con el acuerdo del Senado.
La situación de Ana María Figueroa había generado controversia política, ya que se esperaba que el Senado aprobara su reválida para un nuevo mandato de cinco años. Sin embargo, la oposición bloqueó esta posibilidad argumentando que la jueza era considerada “kirchnerista” y que su reválida era vista como un intento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de “garantizar su impunidad“. Figueroa tenía un papel destacado en causas judiciales que involucraban a la vicepresidenta, como los casos Los Sauces y Hotesur.
Además de declarar la cesación en las funciones de Figueroa, la Corte Suprema afirmó su competencia para resolver asuntos de esta naturaleza y garantizar la investidura de los jueces como órgano supremo de la organización judicial argentina. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
