Los productores que integran la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS) junto a la Federación de Rurales de Chubut y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro reclamaron por la vigencia de la denominada Ley Ovina, cuya aplicación para el 2024 se suspendió junto al programa Prolana por una decisión del gobierno nacional que conduce Javier Milei.
La suspensión se dio tras la aprobación de la denominada ley Bases que incluyó la ley N° 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, un fideicomiso que permitía contar con recursos para la mejora de la producción ganadera.
Los productores señalaron en un comunicado que esta ley “ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable”.
Allí critican que “definitivamente, su derogación es un pecado que, de no corregirse, puede acarrear efectos devastadores en la actividad”.
“La justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento denota el típico desconocimiento del centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país” sostienen las entidades gremiales de productores patagónicos.
Advierten que “el mecanismo que imprimía esta Ley era transparente” y recuerdan que en cada provincia había una coordinación provincial y una Unidad Ejecutora Provincial integrada por organismos técnicos, estamentos oficiales y productores.
Los proyectos presentados debían ser “realizados por profesionales habilitados, se realizaba una evaluación técnica legal y administrativa; los fondos aprobados eran abonados directamente al proveedor del insumo que corresponda, sean estas compras de animales o infraestructura y anualmente se realizaban informes de gestión por los proyectos aprobados y rendidos”.
En el comunicado dan cuenta del contexto económico que atraviesa el sector donde “los últimos años produjo la descapitalización del sector y la falta de rentabilidad y para colmo, la derogación llegó en medio de una crisis climática casi sin precedentes”.
“La Patagonia produce el 72% de la lana total del país y de la cual el 90% de su producción es lana fina; posee el 58 % de las existencias del país con casi 7 millones de ovinos; representa el 33 % del Territorio nacional; sin producción ovina no hay ocupación territorial; los montos destinados a Patagonia en el último año fueron de 302 millones, lo que significa 33 mil pesos por productor o 45 pesos por animal y el 90 % de los proyectos aprobados y pagados son préstamos y por lo tanto con devolución, no son subsidios” argumentaron.
En ese sentido reclaman que debe concretarse un encuentro con autoridades del gobierno nacional para reponer el funcionamiento de la ley Ovina porque “estamos de acuerdo en trabajar en forma conjunta el sector público y privado para darle sustentabilidad a la producción ovina, para posicionarla como la cuarta carne de la cadena argentina, mientras la industria de la lana se repotencie en la Patagonia, su lugar natural”.
“No compartimos y seguiremos bregando al respecto, en eliminar un fondo tan determinante con argumentos que no se condicen con la realidad” finalizaron. (Agencia OPI Santa Cruz)
Sería bueno que se publicara para que se usaron los fondos de la Ley Ovina, a quienes se le dieron y que hicieron con ellos. Publicar eso no daría lugar a sospechas de uso indebido de los fondos.
Lo que es cierto que con esa ley no se frenó el despoblamiento de los campos, cierre de estancias y disminución de majadas, por lo que medidas como las de esa ley no sirven para la sostenibilidad del sector, solo alargan la agonía y subsistencia del productor, ya que dadas las condiciones económicas que se instauraron luego de los efectos beneficiosos para el productor ovino provocados por la devaluación del 2001, la actividad se volvió cada año menos rentable.
Habría que analizar reemplazar esa ley por una situación económica macro como la que rigió en ese año, 2001, más que ponerse a protestar como lo están haciendo la FIAS y las sociedades rurales y argumentar falacias como que esa ley es necesaria para dar sustentabilidad a la producción ovina.
¿Cuántos y qué porcentaje de productores ovinos se vieron beneficiados con esa ley y para que emplearon los fondos? ¿Era fácil acceder a esos fondos para el productor o extremadamente burocrático? ¿Era necesario gastar fortunas en el estudio de pastizales, estando el INTA para colaborar con su abundante personal? ¿O se abrieron “kioskitos” entorno a la ley?
Saber todo eso es transparencia, y si no la hay, bienvenida sea la baja de la ley.
BASTA DE SUBSIDIOS A “productores” jajaja
Señores que beneficio hay a la comunidad trae , como puede ser que estos productores quedaron en bolas con el invierno, hay que tener un poco cabeza viejo, por lo menos almacenados 3 meses de pasto guardado. O sera que son pocos los establecimientos que producen de verdad y varios solo para despuntar el vicio webean con animales y no les interesa nada, total cobran regalias como superficiarios ?¿ . Mientras tantos con los impuestos de los de a pie hay que pagar el circo de tanques, pasto y demás yerbas por poco utiles.
Años atrás en la gestión de alicia les hacían los pozos de agua pagado con la nuestraa, para que después ni un descuento te cobran lo mismo que el kilo de carne de exportación en la payasada de venta de la rural.
Porque no sacan una ley para incentivar mejor la produccion digo no… en vez de subsidio, aumenten un 5000% el inmobiliario rural de las tierras ociosa y san se acabo .
Y el feedlot y la moto y candela??