(Por: Rubén Lasagno) – La semana pasada en OPI publicamos un informe de la Sindicatura de la empresa SPSE, en la cual se describieron acciones que los propios síndicos en el documento, advierten como irregular: el exceso de la utilización por cifras multimillonarias, de las compras directas y/o concurso de precios, dejando de lado el sistema de Licitaciones Públicas, que al menos le da más transparencia al sistema.
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Allí los Síndicos encontraron cifras pagadas por más de 119% de sobreprecios tanto en bienes como servicios contratados por el Directorio de la empresa y desdoblamiento de contratos, para permitir que los montos contratados, entren en los requisitos exigidos para esta modalidad de compras directas más el uso irregular y arbitrario del FOM (Fondo de Operación y Mantenimiento) por más de 392 millones de pesos e incluso los auditores prevén que el alquiler de los equipos electrógenos que deba hacer la empresa para las localidades del interior, deben hacerse por vía de la licitación pública.
Encubridores o desentendidos
El documento que exhibimos y analizamos, lo tiene en su escritorio la Ministra de Economía de la provincia Marilina Jaramillo, por lo tanto, es de pleno conocimiento del Gobernador Claudio Vidal, razón por lo cual nos cabe una pregunta fundamental ¿Por qué el gobierno tan afecto a publicar “sus logros” en las kilométricas notas de la Secretaría de Comunicación, no escribe una sola línea para ocuparse de este tema? y la segunda duda es ¿Por qué el gobierno, a través de la Fiscalía de Estado no hace las denuncias penales por esta auditoría realizada por los Síndicos de SPSE, que muestran irregularidades flagrantes que inducen a sospechar la comisión de actos corrupción por parte del Directorio de la empresa de Energía provincial?.
Ahora, que a través de nuestro informe se hizo público la falta de transparencia de Servicios Públicos Sociedad del Estado, de la misma manera que ocurría durante la época del kirchnerismo, al igual que entonces, hoy el gobierno provincial no toma ninguna medida contra los funcionarios infieles y por el contrario, omite referirse a estos hechos, en absoluta complicidad con quienes a resguardo de los organismos públicos, se enriquecen y abonan a las cajas políticas de sus respectivos partidos.
Lo mismo ocurre en todos y cada uno de los organismos públicos provinciales y de ello hemos dado sobradas muestras en nuestros informes todos estos años, tanto de Distrigas, Fomicruz, Iduv, CSS, CPS o Vialidad de quienes expusimos las irregularidades y corrupción institucional clara y expresa; también hemos hecho público informes del Tribunal de Cuentas sobre los desastres administrativos de varios municipios, sin embargo, nunca pasó nada.
Ni el anterior gobierno provincial ni el actual, han tenido voluntad de combatir estos desmanes y mucho menos, castigar a los autores. Todo se ha resumido a un encubrimiento vergonzoso de aquellos que hoy siguen ocupando otros puestos y llevando consigo, no solo los dineros públicos que han robado de sus antiguos cargos, sino también de los que se llevan en los actuales, que vuelven a ocupar debido a esa política “del olvido permanente” que practican todos los gobernadores. (Agencia OPI Santa Cruz)
Y viviana Diaz sigue viajando tiene sumarios en SPSE y ahora la nombran como subsecretaria de que???? Es hora de que de un paso al costado
Los sectores del gobierno provincial que deben denunciarlos son culpables por acción o por omisión de los delitos cometidos.