Ordenan la captura y prisión preventiva del ex gobernador Sergio Urribarri

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La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la “inmediata captura” y traslado del ex gobernador Sergio Urribarri a la Unidad Penal 1, al revocar una resolución que le permitía permanecer en libertad mientras se resolvía su apelación ante la Corte Suprema. La decisión también incluye a Juan Aguilera, otro condenado en el caso, y responde al riesgo de que ambos “frustren los fines del proceso”, según señalaron las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo en un fallo de 74 páginas.

La medida anula una resolución emitida en septiembre de 2024 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, que había rechazado el pedido fiscal de prisión preventiva. Ahora, los condenados deberán cumplir la pena de manera efectiva hasta que la Corte se pronuncie.

Urribarri fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de “peculado” y “negociaciones incompatibles con la función pública”. Aguilera, en tanto, recibió una pena de seis años y medio. Ambas sentencias, aunque no definitivas, fueron ratificadas en instancias previas, y el tribunal destacó que “la pena efectiva no es una expectativa, sino una realidad impuesta y confirmada”.

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El fallo de Casación subrayó que los condenados “realizaron maniobras dilatorias concretas y comprobables” para evitar someterse al proceso judicial. Estas incluyeron recusaciones sin fundamentos, recursos no previstos en el Código Procesal Penal de Entre Ríos y denuncias en otras jurisdicciones, calificadas como “insólitas”.

En el caso de Urribarri, su participación en las audiencias fue mayoritariamente remota, y no se pudo determinar fehacientemente su ubicación durante el proceso. Además, la defensa del ex gobernador obstaculizó la celebración de las audiencias de juicio y casación por más de cuatro meses.

El tribunal también fundamentó su decisión en compromisos internacionales asumidos por Argentina para combatir la corrupción, que imponen el deber de investigar y sancionar estos delitos con “mayor intensidad”.

Esta resolución marca un giro en el caso de Urribarri, quien ha negado reiteradamente las acusaciones y denunciado a los magistrados como parte de una supuesta “mesa judicial”. Ahora, deberá cumplir con la prisión preventiva mientras su apelación sigue su curso en la Corte Suprema. (Agencia OPI Santa Cruz)

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