Insólito: el municipio de El Chaltén y Servicios Públicos avalan la ocupación ilegal de inmuebles y reparten los cargos de los costos, con los vecinos

(Por: Rubén Lasagno) – Santa Cruz ya dejó de ser una tierra de oportunidades, para ser una tierra de oportunistas. En el Chaltén, un centenar de personas ocuparon ilegalmente y por la fuerza, el hotel la Aldea, que pertenecía  a la familia Kirchner y se encuentra dentro de las causas por lavado de dinero.

A menos que el concepto de justicia sea que todos aquellos bienes que provienen de la corrupción puedan ser ocupado, usados, robados por cualquiera, sin ningún tipo de responsabilidad por parte del Estado y particularmente de la Justicia (bajo cuya responsabilidad se encuentran los bienes judicializados), tal como ocurrió con las maquinarias de Lázaro Báez en la base en Río Gallegos, donde fueron prácticamente desguazadas, sin culpables aparentes; a menos que esa sea la regla, cualquier bien judicializado, por más abandonado que esté, es propiedad de alguien o lo será terminado el proceso.

En Santa Cruz esa regla no parece ser de aplicación práctica. De hecho La Aldea, dejó de funcionar comercialmente en el año 2017 y estaba en proceso de ampliación cuando debido a medidas judiciales, las sociedades Valle Mitre e Ideas SA, quedaron involucradas en las causas por lavado denominada causa Hotesur y Los Sauces y el hotel y las obras, quedaron abandonadas.

¿Bienes socializados?

El Chaltén, como muchas localidades, tiene un problema habitacional que los gobiernos (municipal y provincial) no pueden resolver. En ese marco, familias enteras comenzaron a deambular en el pueblo y alguien tuvo la idea de ocupar ilegalmente La Aldea, tras lo cual, comenzaron a fluir más y más familias, hasta que más de un centenar de ellas, están viviendo desde hace tiempo en ese lugar y nadie (ni la justicia, ni el municipio, ni la provincia) hicieron algo por impedir la ocupación y/o resolver la situación de esas familias.

El intendente Néstor Ticó, relatan nuestras fuentes en la localidad, omitió cualquier tipo de denuncia, avalando en la práctica, la toma ilegal del hotel por parte de las familias. Claro, eso descomprimió la presión que sufría de parte de los sin techos que requerían soluciones, para lo cual, el municipio no tiene recursos; y hasta algunos aseguran que fue el propio intendente quien alentó las tomas del lugar ocioso, socializando los bienes afectados por la justicia federal.

Debido al hacinamiento y la ocupación ilegal del inmueble, proliferaron las conexiones eléctricas clandestinas y eso derivó en un incendio que pudo ser sofocado, pero dejó en carne viva el problema derivados de otros problemas. Todo se descubrió porque el incendio en La Aldea, dejó sin electricidad al Puesto Sanitario de El Chaltén. El interventor Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), lo primero que hizo(como corresponde), fue anular las conexiones y cortar el flujo eléctrico al edificio para evitar un nuevo incendio.

Pero ante esta realidad, el intendente Ticó escuchó que le golpeaban la puerta y las familias pedían soluciones, entonces, no tuvo mejor idea que cursar un pedido a SPSE para que coloque un medidor de luz para abastecer de electricidad a los okupas, con cargo al presupuesto del municipio; es decir: de todos los habitantes de El Chaltén.

SPSE deja un mal precedente

Esto, por supuesto, generó todo tipo de reclamos y protestas por parte de la gente, pero nada resultó más insólito, como el hecho de que la empresa de electricidad provincial, SPSE, autorizó la conección de la luz en el lugar usurpado, convalidando, junto con el Intendente Ticó, la ocupación ilegal de un edificio que no le pertenece ni al intendente, ni a Jorge Avendaño, Presidente de SPSE.

Ante la ola de críticas, Avendaño informó a la comunidad que restablecen el servicio debido a la crítica situación que derivó para las familias, no poseer energía y la necesidad que tienen algunos de ellos, que son  electrodependientes.

Tanto la decisión de Ticó como la actitud (y argumento) de SPSE, inaugura un antecedente gravísimo en cualquier ciudad de Santa Cruz, sentando un precedente sobre el derecho adquirido de cualquiera que no tenga vivienda y en concurso con otras familias, usurpen un edificio público o privado y luego pidan la legalización, primero de los servicios y luego podrían reclamar hasta la propiedad del lugar (tierras, edificios, viviendas).

Lo más destacado es que ningún juez ni fiscal movió un dedo ante estos hechos públicos descansando en la política del “siga-siga” que implementan quienes no tienen como principal meta, el cumplimiento de las leyes ni el resguardo de la propiedad. (Agencia OPI Santa Cruz)