Más de 120 mil trabajadores del sector mercantil se vieron afectados por la decisión de las principales cadenas de supermercados y mayoristas de no abonar el aumento salarial correspondiente al mes de abril. La negativa de los empleadores se fundamenta en que el acuerdo paritario firmado entre el sindicato de Comercio y las cámaras empresariales aún no fue homologado por el Gobierno nacional.
La medida fue adoptada por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que agrupa a las grandes cadenas del país, y fue avalada por otras entidades del sector. El aumento impugnado incluía una suba escalonada del 5,4% en tres meses y tres sumas fijas no remunerativas, destinadas a compensar la pérdida salarial del primer trimestre del año.
En el marco de una reunión mantenida esta semana con el ministro de Economía, Luis Caputo, los representantes de ASU habrían recibido el mensaje de que el Ejecutivo no convalidará el acuerdo, lo que fue interpretado como una habilitación para no aplicar los incrementos. La decisión se da en un contexto en el que el Gobierno busca frenar la escalada inflacionaria tras la implementación del nuevo régimen cambiario.
Desde el gremio liderado por Armando Cavalieri, la respuesta fue inmediata. Se enviaron cartas documento a las cámaras empresariales firmantes —CAC, CAME y Udeca— exigiendo el cumplimiento del convenio, el cual incluía una cláusula que garantizaba el pago de los aumentos incluso sin homologación oficial. Sin embargo, esa disposición fue ignorada por las empresas, que liquidaron los salarios sin las mejoras acordadas.
Este conflicto añade tensión a la relación ya delicada entre la CGT y el Gobierno, especialmente luego del paro general realizado en abril. Además, pone en una situación comprometida al propio Cavalieri, considerado uno de los pocos dirigentes sindicales con diálogo directo con la administración de Javier Milei.
Incluso desde el ámbito empresarial surgieron voces críticas hacia la postura del Gobierno. Un dirigente del rubro comercial cuestionó: “El aumento acordado fue moderado y sensato. El problema lo tiene el Gobierno, que pide cosas imposibles”. (Agencia OPI Santa Cruz)