A pocas horas del debate en el Congreso sobre la prórroga de la moratoria previsional y el aumento del bono para jubilados que perciben la mínima, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dio a conocer un informe detallando el impacto fiscal que tendría la aprobación de ambas medidas. El análisis fue solicitado por la comisión de Presupuesto y Hacienda en vista del plenario conjunto con la comisión de Previsión y Seguridad Social, que dictaminará este martes desde las 13 sobre una veintena de proyectos en estudio.
Según la OPC, la extensión por dos años del régimen de regularización previsional previsto en la Ley 27.805 tendría un costo fiscal acumulado de 0,165% del Producto Bruto Interno (PBI). El informe indica que en 2025 el impacto sería de 0,084% del PBI y en 2026, de 0,081%. Esto representa un gasto total de $1.647.699 millones para el período comprendido entre junio de 2025 y diciembre de 2026. El régimen permitiría jubilarse a 441.226 personas, la mitad de ellas en el primer año.
El Plan de Pago de Deuda Previsional está dirigido a mujeres de 60 años y hombres de 65 que necesiten regularizar aportes faltantes hasta diciembre de 2008. La OPC proyecta que en 2025 se beneficiarían 219.644 personas (127.000 mujeres y 92.000 hombres), mientras que en 2026 se incorporarían otras 219.000 personas (126.000 mujeres y 93.000 hombres).
Por otro lado, la Oficina también calculó el efecto fiscal que tendría el aumento del bono para jubilados. La diputada Margarita Stolbizer propuso elevar el bono mensual de $70.000 a $105.000, lo cual implicaría un costo anual de $1.992.853 millones, es decir, el 0,23% del PBI. En tanto, la iniciativa de la diputada Victoria Tolosa Paz, que plantea llevar el bono a $115.000, generaría un impacto aún mayor: $2.567.477 millones anuales, equivalentes al 0,30% del PBI.
En el caso del primer año de implementación del bono más elevado, el costo fiscal sería de $497.000 millones. Este refuerzo representa un elemento central en el paquete de medidas que se analizan para mejorar el ingreso real de los jubilados que cobran haberes mínimos. (Agencia OPI Santa Cruz)