La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas dictadas en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, al rechazar los recursos presentados por las defensas de los imputados por considerarlos inadmisibles. La decisión del máximo tribunal implica que las penas impuestas por el Tribunal Oral Federal 4, en uno de los casos emblemáticos sobre lavado de dinero vinculado a la corrupción en Argentina, ya no pueden ser apeladas y quedan firmes.
Entre los principales condenados se encuentra el empresario Lázaro Báez, quien deberá cumplir una pena de diez años de prisión por maniobras de lavado de más de 55 millones de dólares realizadas entre 2010 y 2013. La causa reveló el funcionamiento de una estructura financiera y societaria utilizada para canalizar fondos ilícitos, tanto en el país como en el exterior, y ganó gran repercusión pública tras la difusión, en 2016, de un video en el que se veía a su hijo Martín Báez manipulando grandes cantidades de dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
La resolución judicial fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para desestimar los planteos sin necesidad de argumentar los motivos. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al considerar que debía intervenir la Procuración General.
La sentencia alcanzó a un total de 22 personas. Además de Lázaro Báez, se confirmaron las condenas de su hijo Martín Báez (seis años y medio), del abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), de Julio Mendoza (cinco años) y del financista Leonardo Fariña (tres años y medio), quien actuó como imputado colaborador. Las hijas del empresario fueron absueltas por falta de pruebas de su participación directa en los hechos investigados.
El fallo también ratificó importantes sanciones económicas, como multas que llegan hasta los 328 millones de dólares y el decomiso de activos por 65 millones. El Tribunal Oral deberá ahora avanzar en el cómputo de las penas efectivamente cumplidas, definir la situación de quienes se encuentran con prisión preventiva y resolver sobre penas en suspenso.
La causa judicial se inició en 2013 a partir de un informe televisivo, y se consolidó con nuevas pruebas en 2016. La investigación demostró que las operaciones de lavado estaban vinculadas a maniobras previas de evasión fiscal y uso de facturación apócrifa por parte de Austral Construcciones, empresa insignia de Báez, estrechamente ligada al kirchnerismo.
En cuanto a la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, si bien en un principio el juez Sebastián Casanello la había sobreseído, esa decisión fue revocada por la Cámara Federal luego de que una organización no gubernamental fuera aceptada como querellante. La Corte Suprema, por su parte, también rechazó por cuestiones formales los recursos presentados por la defensa de la ex mandataria, por lo que su situación judicial permanece en etapa de instrucción. (Agencia OPI Santa Cruz)