La medida judicial alcanza una veintena de propiedades vinculadas a la ex mandataria y a su círculo familiar íntimo. La resolución afecta también a más de 80 inmuebles pertenecientes a los empresarios contratistas involucrados en el desvío de fondos.
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este viernes ejecutar las propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner para resarcir al Estado nacional. Los magistrados ordenaron confiscar el patrimonio familiar como parte de la condena firme por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña firmaron la resolución que habilita el recupero del dinero desviado. La disposición judicial inmoviliza directamente una veintena de bienes vinculados a la actual titular del Partido Justicialista y a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
El tribunal extendió la orden judicial sobre más de 80 inmuebles pertenecientes al resto de los implicados. La nómina de bienes a ejecutar incluye el patrimonio del empresario Lázaro Báez y de sus diversas compañías constructoras. La investigación de la causa Vialidad constató un esquema de corrupción estructurado mediante contratos constantes en territorio santacruceño, obras inconclusas, proyectos deficientes y sobreprecios.
La ex mandataria cumple actualmente la pena de seis años de prisión bajo modalidad domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. Las cifras millonarias adeudadas al fisco sufrieron actualizaciones temporales, situación que obligó a los camaristas a acelerar la ejecución de los activos para garantizar la devolución del dinero.
Los abogados de la ex presidenta cuestionaron formalmente la disposición judicial. Los letrados argumentaron que Máximo Kirchner y Florencia Kirchner heredaron varios de esos bienes confiscados de su padre, Néstor Kirchner, o los recibieron mediante una cesión registrada en el año 2016. La defensa técnica sostuvo además que la familia adquirió algunas propiedades antes del período abarcado por la maniobra delictiva.
La Corte Suprema de Justicia tomará el control de todos los bienes decomisados. El máximo tribunal administrará el total del patrimonio confiscado y gestionará su eventual venta. (Agencia OPI Santa Cruz)