El fiscal federal Abel Córdoba solicitó que el empresario Lázaro Báez sea trasladado nuevamente a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal para cumplir lo que resta de su condena a diez años de prisión por lavado de dinero, tras quedar firme el fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Báez se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en una de sus estancias en la provincia de Santa Cruz, situación que el fiscal considera que debe ser modificada de inmediato, dado que ya se completó el cómputo oficial del tiempo que ha estado privado de libertad.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Cómputos, Báez estuvo detenido en la causa conocida como la “Ruta del Dinero K” durante 3 años, 8 meses y 8 días, desde su arresto el 6 de abril de 2016 hasta su salida del penal de Ezeiza en diciembre de 2019. Por tanto, se estableció que le restan por cumplir 6 años, 3 meses y 22 días de prisión efectiva. El arresto domiciliario que hoy cumple no se encuentra vinculado con esta causa principal de lavado de dinero, sino con otro expediente relacionado con la compra del campo El Entrevero en Uruguay, por 14 millones de dólares.
La misma solicitud fue formulada para Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador de Báez respectivamente, ambos condenados a seis años de prisión por su participación en las maniobras de blanqueo. Chueco permaneció preso durante 3 años, 8 meses y 2 días, por lo que aún debe cumplir 2 años, 3 meses y 28 días. En tanto, Pérez Gadín estuvo detenido 3 años, 8 meses y 1 día, por lo que le restan 2 años, 3 meses y 29 días.
En el caso de Martín Báez, hijo del empresario y también condenado por lavado de activos, el fiscal entendió que corresponde otorgarle la libertad condicional. Fue detenido en 2016 y recibió una condena de seis años y seis meses. Según el régimen penal vigente, ya cumplió los dos tercios del total, con buena conducta, lo que habilita su excarcelación anticipada bajo supervisión.
A partir de la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema la semana pasada, comenzaron a ejecutarse las detenciones de otros implicados en la red de lavado. Fabián Rossi, exdirectivo de la financiera SGI; César Fernández, síndico de Austral Construcciones; Carlos Molinari, empresario del rubro inmobiliario; Eduardo Castro, apoderado de firmas vinculadas a la trama, y Juan Alberto de Rasis, vinculado con una empresa suiza utilizada para transferencias ilegales, se presentaron ante la Justicia y quedaron detenidos.
Por su parte, Julio Mendoza, exgerente de Austral Construcciones, también condenado, se encuentra internado por una descompensación en una clínica de Resistencia, Chaco. La Justicia dispuso una consigna policial en su habitación y será evaluado por el cuerpo médico forense, que deberá definir si corresponde o no otorgarle un régimen de detención domiciliaria por razones de salud.
El juez Norberto Costabel, a cargo de la ejecución de las condenas, comenzó a revisar los pedidos de morigeración presentados por los acusados y ordenó nuevas pericias médicas, tanto del cuerpo forense como del Servicio Penitenciario Federal. (Agencia OPI Santa Cruz)