El secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, afirmó este lunes que el principal objetivo del Gobierno en materia de infraestructura fue reorganizar el estado administrativo y financiero de más de 2.300 obras públicas en ejecución o pendientes, con el propósito de redefinir las prioridades y optimizar el uso de recursos. Durante su intervención en la 70° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el funcionario explicó que, tras una revisión exhaustiva, se decidió discontinuar aquellas obras consideradas no esenciales, como construcciones municipales menores, y concentrar los esfuerzos en proyectos estructurales.
Según detalló Giovine, de los 2.337 proyectos analizados, 1.668 fueron dados de baja, mientras que 183 continuarán bajo ejecución del Gobierno Nacional, a través de 115 convenios y 68 contratos vigentes. Además, otras 500 obras fueron transferidas a las provincias para su gestión directa. A partir de este esquema, se alcanzaron acuerdos de traspaso con 21 jurisdicciones, lo que permitirá reactivar 122 obras, lo que representa el 70% del total identificado como prioritario.
El secretario también mencionó que se renegociaron 42 contratos para subsanar irregularidades administrativas detectadas en la gestión anterior, y que en otros nueve casos se debió iniciar un nuevo proceso contractual. Entre las obras que continúan en ejecución bajo supervisión nacional, Giovine destacó cuatro grandes proyectos: el Acueducto Vipo en Tucumán, con una inversión de 127 mil millones de pesos; el Acueducto Albigasta en Catamarca, con 102 mil millones; el Acueducto Chaco, con 71 mil millones; y la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Pinamar, por la que se presentaron ocho empresas con ofertas licitadas por 23 mil millones.
En cuanto a la política habitacional, Giovine anunció que se reformularon los programas Procrear y Casa Propia, que hasta ahora eran financiados íntegramente por el Estado Nacional. Bajo el nuevo esquema, las provincias asumen el rol de ejecutores y financistas, utilizando fondos propios y ajustando los proyectos a las necesidades locales. Esta modalidad, según el funcionario, permite tener actualmente cerca de 10 mil viviendas en construcción, cuyo financiamiento se irá desembolsando en función del avance de obra, sin anticipos ni rediscusión de contratos.
El enfoque, explicó, busca garantizar mayor transparencia, reducir costos innecesarios y asegurar que los recursos se apliquen de forma eficiente. Las decisiones forman parte del nuevo modelo de gestión de obra pública que promueve el gobierno de Javier Milei, orientado a disminuir el gasto estatal directo y fomentar el protagonismo provincial en infraestructura. (Agencia OPI Santa Cruz)