Los bloqueos de carreteras en Bolivia, encabezados por sectores leales al expresidente Evo Morales y por organizaciones vecinales críticas del gobierno de Luis Arce, se intensificaron este martes y provocaron una creciente preocupación por el abastecimiento de combustibles y alimentos en distintas regiones del país. Las protestas, que comenzaron el lunes con al menos 13 puntos de interrupción en el departamento de Cochabamba, se mantienen activas en al menos diez lugares estratégicos, dificultando el tránsito entre el oriente y el occidente boliviano.
Cochabamba, bastión político de Morales, es el epicentro de las movilizaciones que afectan la principal ruta troncal que conecta a los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Potosí y La Paz. En la ciudad de El Alto, vecina de la sede de Gobierno, se instalaron otros diez puntos de bloqueo que impiden el tránsito internacional hacia Perú y Chile, y complican el acceso a las provincias del altiplano.
Las protestas tienen como eje la exigencia de habilitación de Evo Morales como candidato para las elecciones generales de agosto próximo y el pedido de renuncia del presidente Luis Arce, así como de los titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), acusados por los manifestantes de actuar en contra del exmandatario.
El gobierno boliviano advirtió sobre las consecuencias de las medidas de fuerza. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, señaló que la situación actual puede derivar en un colapso del suministro de combustibles y productos básicos, con un impacto directo en los precios y la estabilidad social. “No estamos en una situación normal ni política ni económicamente”, sostuvo el funcionario, quien responsabilizó tanto a legisladores opositores como al sector “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la crisis que atraviesa el país.
Flores también explicó que la negativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar créditos externos agrava la falta de divisas. Según indicó, hay al menos 16 préstamos pendientes por un total de 1.849 millones de dólares que podrían aliviar las tensiones económicas y mejorar el suministro de combustibles si fueran aprobados.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció que los bloqueos buscan “boicotear las elecciones” y acusó a Morales de intentar imponer su candidatura “por encima del sistema jurídico del país”, pese a estar inhabilitado y sin representación política legal.
En respuesta a los cortes, el gobierno desplegó un operativo policial en zonas clave del conflicto. En el municipio de Sipe Sipe, en Cochabamba, las fuerzas de seguridad intervinieron uno de los bloqueos utilizando maquinaria pesada y trabajo manual para despejar las vías. La tensión, sin embargo, continúa en aumento mientras el país se encamina a un escenario electoral marcado por una profunda fractura interna en el oficialismo y una economía golpeada por la escasez de divisas y el estancamiento legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)