Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir la condena a seis años de prisión en su domicilio actual, ubicado en el barrio porteño de Constitución, bajo la modalidad de arresto domiciliario y sin el uso de tobillera electrónica. El pedido fue presentado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ante el Tribunal Oral Federal N°2, pocas horas después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena en la causa conocida como “Vialidad”, en la que también se la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa de la ex vicepresidenta y actual titular del Partido Justicialista fundamentó el pedido en su edad —tiene 72 años—, en el atentado que sufrió en septiembre de 2022, y en su condición de ex mandataria, circunstancias que, según los letrados, hacen inviable su alojamiento en una unidad penitenciaria común. En un escrito de 13 páginas, los abogados solicitaron que se evite su traslado a una alcaidía y que se disponga directamente el cumplimiento de la pena en el departamento que comparte con su hija Florencia, en la calle San José 1111. Allí cuenta con custodia permanente de fuerzas federales, lo que, argumentan, volvería innecesario el uso de un dispositivo de geolocalización.
El Tribunal, presidido por el juez Jorge Gorini, concedió a todos los condenados en la causa un plazo de cinco días hábiles para que se presenten en los tribunales de Comodoro Py 2002 a efectos de su detención. Además, solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que determine posibles lugares de alojamiento mientras se evalúan los pedidos presentados por las partes. En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la “inmediata detención” de Cristina Kirchner, cuestionando el plazo otorgado por el tribunal al considerar que se extiende innecesariamente debido a la proximidad de un fin de semana y un feriado nacional.
Los abogados defensores sostienen que cualquier modalidad de detención que no contemple el arresto domiciliario bajo condiciones específicas —sin aislamiento extremo ni vigilancia permanente— vulneraría garantías constitucionales y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En esa línea, afirmaron que alojarla en un establecimiento penitenciario común implicaría exponerla a un régimen de aislamiento absoluto, lo que consideran inaceptable para alguien con su trayectoria institucional y el nivel de exposición que implica haber ejercido la presidencia de la Nación.
La definición sobre el modo en que Cristina Fernández de Kirchner cumplirá su condena queda ahora en manos del Tribunal Oral Federal N°2, que deberá resolver en los próximos días tanto su presentación ante la Justicia como la viabilidad del arresto domiciliario en las condiciones planteadas por su defensa. (Agencia OPI Santa Cruz)
Pero cristina es una ciudadana más.
Si no quiere tibillera entoce que vaya a la cárcel.
El beneficio de presa domiciliaria es con tobillera.
Ella robo el pan de muchos y debe asumir su culpa.
Así de simple.
Donde que eso que dice que no tiene miedo a nadie.