En medio de un escenario fiscal cada vez más ajustado en las provincias, un grupo de gobernadores comenzó a presionar a la Casa Rosada para que se aceleren las licitaciones de obras públicas clave, con el objetivo de reactivar la inversión en infraestructura y viviendas. La preocupación fue expuesta en una reunión realizada el pasado viernes entre una delegación de mandatarios provinciales y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que también se abordaron cuestiones vinculadas al reparto de impuestos y a los fondos con afectación específica.
El encuentro había sido solicitado tras una reunión previa entre gobernadores de diferentes fuerzas políticas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se consensuó la necesidad de presentar un planteo conjunto al Gobierno nacional ante el deterioro de las cuentas públicas en varias jurisdicciones. La reunión había sido postergada inicialmente por la ausencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pero finalmente se concretó con la participación de mandatarios como el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; el catamarqueño Raúl Jalil; el chubutense Ignacio Torres; el santacruceño Claudio Vidal; y la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto.
Uno de los temas centrales de la reunión fue el impacto que la paralización de la obra pública y la caída del consumo están teniendo sobre la recaudación provincial. Al respecto, Ziliotto advirtió que “la situación fiscal se agrava mes a mes” y remarcó que los fondos reclamados por las provincias no comprometen los recursos de la administración central. Según explicó, se trata de partidas con destino específico, como las generadas por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que financian obras de infraestructura y construcción de viviendas, y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que corresponden directamente a las provincias.
La delegación planteó además la necesidad de establecer mecanismos claros para garantizar la continuidad de proyectos en marcha y reactivar nuevas licitaciones, con el argumento de que la obra pública no solo dinamiza las economías regionales, sino que también cumple funciones sociales y estructurales fundamentales para el desarrollo territorial.
Ante este escenario, los gobernadores buscan asegurarse una mayor participación en los recursos disponibles y que no se desfinancien programas vitales para sus administraciones. (Agencia OPI Santa Cruz)