(OPI Chubut) – El Gobierno de Chubut presentó ante el Superior Tribunal de Justicia la primera demanda de extinción de dominio en el marco de la Ley XIII N° 28, sancionada en 2024, con el objetivo de recuperar bienes obtenidos mediante delitos vinculados a la corrupción y al enriquecimiento ilícito. La acción judicial está dirigida contra el ex presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Carlos Barbato, y su esposa, Graciela Perrone, quienes fueron condenados en 2023 por delitos contra la administración pública.
La demanda, impulsada por el fiscal de Estado Andrés Meiszner y el fiscal adjunto Christian Martínez, busca que se declare la extinción del dominio sobre una serie de bienes muebles e inmuebles adquiridos por el matrimonio durante la gestión de Barbato al frente del organismo, entre 2016 y 2019. Entre los bienes se destacan una vivienda de dos plantas ubicada en Playa Unión, Rawson, dos camionetas pickup, un vehículo de alta gama BMW y un UTV marca Artic Cat, todos incorporados al patrimonio del ex funcionario sin justificación patrimonial legítima.
El planteo judicial argumenta que los bienes fueron adquiridos durante el ejercicio de funciones públicas y que representan un incremento patrimonial injustificado, no acorde a los ingresos declarados por Barbato ni por su esposa, quien hasta 2019 no registraba ingresos formales. En este sentido, el escrito sostiene que el patrimonio del matrimonio creció de forma desproporcionada, incluyendo múltiples compras de vehículos cero kilómetro, cuatriciclos y la construcción de una vivienda valuada por encima de sus posibilidades económicas.
Carlos Barbato fue condenado en 2023 a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallado penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito. Su esposa recibió una pena de dos años de prisión en carácter de interpósita persona, figura que describe a quienes actúan como testaferros en maniobras de ocultamiento de bienes.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respaldó la iniciativa y destacó que esta demanda marca un precedente en la lucha contra la corrupción en la provincia. “En Chubut, hoy el crimen no rinde beneficios. Estamos comprometidos en recuperar los bienes adquiridos ilegítimamente y devolverlos al Estado, es decir, a los chubutenses”, sostuvo.
La presentación judicial está respaldada por la Oficina de Recupero de Activos del Poder Judicial, y se fundamenta en artículos clave del Código Penal que sancionan delitos cometidos por funcionarios públicos, incluyendo el enriquecimiento ilícito, la participación en contratos con intereses personales, la recepción indebida de dádivas y el uso de información reservada para beneficio propio. (Agencia OPI Chubut)
