(OPI TdF) – La presidenta de la Sociedad Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apollinaire, manifestó su preocupación ante la reciente resolución 460 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que autoriza el ingreso de carne con hueso a la región patagónica. La medida, publicada el 27 de junio, reactivó un conflicto que lleva varios meses y que afecta de forma directa tanto al estatus sanitario de la Patagonia como a la economía de los productores ganaderos del sur del país.
Desde marzo, el sector rural viene alertando sobre las consecuencias de flexibilizar las barreras sanitarias que históricamente han protegido a la región. En ese momento, la resolución 180 de SENASA fue recibida con amplio rechazo por parte de los productores patagónicos, quienes lograron que la norma se suspendiera de manera temporal para su revisión. Sin embargo, la publicación de la resolución 460 reabrió la polémica, ya que, según denunció Apollinaire, se implementó sin consulta previa a las provincias involucradas, generando un fuerte malestar en el bloque patagónico.
La principal preocupación del sector gira en torno a la posible pérdida del estatus sanitario diferenciado que distingue a la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Esta certificación, junto con el reconocimiento de erradicación de enfermedades como la tuberculosis y brucelosis bovina en Tierra del Fuego, ha sido clave para el acceso a mercados internacionales exigentes, como la Unión Europea y Chile. Apollinaire señaló que, pese a los reiterados pedidos de documentación oficial que garantizara la continuidad de esos mercados, las respuestas por parte de las autoridades nacionales fueron escasas y decepcionantes. “La respuesta no es buena, porque se pierde gran parte del estatus sanitario del sur de la Argentina”, afirmó.
Además del impacto comercial, la dirigente alertó sobre las consecuencias sanitarias y logísticas que podría acarrear la modificación del actual esquema de control. En Tierra del Fuego, la faena de animales se realiza en su mayoría en la provincia de Santa Cruz, a donde se trasladan los ovinos para su procesamiento. Ese tránsito depende del paso por territorio chileno, donde los controles sanitarios son especialmente rigurosos. Un brote derivado de la apertura del mercado podría obstaculizar gravemente ese circuito productivo.
Apollinaire también puso en duda los intereses detrás de la medida impulsada por SENASA. A su juicio, la flexibilización beneficiaría a grandes frigoríficos del norte del país, incluso algunos con capitales extranjeros, mientras que las pequeñas carnicerías locales no obtendrían ventajas reales. “Pensamos que tiene que haber algún interés económico en ubicar carne del norte de la barrera, que ha sido rechazada por otros mercados”, expresó.
En paralelo a este conflicto, Apollinaire destacó los avances registrados en el municipio de Tolhuin en relación al control de la población canina. La dirigente participó de una presentación encabezada por el intendente Daniel Harrington y la concejala Paula Cejas, donde se expusieron los resultados de un trabajo conjunto con organismos científicos como el CADIC y el CONICET. El relevamiento arrojó que en Tolhuin hay 2.888 perros que circulan en la vía pública, muchos de ellos con dueño, lo que impulsó una serie de políticas públicas orientadas a la vacunación, castración, educación y construcción de caniles.
Apollinaire valoró el enfoque proactivo de las autoridades locales y subrayó la importancia de sostener una política coherente y articulada en el tiempo. “Esto no se hace solo por los productores o por los perros. En una ciudad donde se controlan las mascotas, repercute en la calidad de vida de todos. Tolhuin ha dado un gran paso y ojalá otros municipios lo sigan”, concluyó. (Agencia OPI Tierra del Fuego)