(OPI TdF) – El Fiscal de Estado de la provincia, Virgilio Martínez de Sucre, emitió una dura resolución en la que exhorta formalmente al ministro de Educación, Pablo Silva, a implementar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación frente al prolongado conflicto docente. A través de la Resolución 70/25, el Fiscal no solo cuestiona la gestión de la cartera educativa, sino que advierte directamente al ministro que la persistencia en el incumplimiento podría acarrearle responsabilidades personales en los ámbitos administrativo, civil y penal, marcando una escalada en la intervención estatal sobre el conflicto gremial que mantiene el SUTEF.
La intervención de la Fiscalía de Estado se originó a raíz del expediente 50/25, iniciado por la denuncia de un grupo de padres de alumnos de escuelas públicas, quienes reclamaron por las irregularidades y la pérdida continua de días de clase. Al analizar los descargos presentados por el Ministerio de Educación, Martínez de Sucre concluyó que las explicaciones fueron insuficientes y demostraron “debilidades en la planificación y ejecución” de los dispositivos para reponer los contenidos pedagógicos. Para el Fiscal, la cartera que conduce Silva no ha emprendido las acciones pertinentes para proteger el derecho de los estudiantes en medio de las medidas de fuerza.
El dictamen es taxativo y ordena al Ministro de Educación la adopción de tres acciones concretas e impostergables. En primer lugar, deberá implementar políticas públicas específicas para “paliar la problemática suscitada a partir de la pérdida de días de clase“. En segundo término, se le exige que ordene a las directivas de los establecimientos educativos que cumplan con la carga de novedades sobre las inasistencias docentes, incluyendo las denominadas “desobligaciones“, para poder aplicar el correspondiente descuento de haberes. Finalmente, el Ministerio deberá habilitar canales formales para que las familias puedan denunciar la falta de dictado de clases.
En un análisis que trasciende la responsabilidad ministerial, el Fiscal de Estado también dedicó varios párrafos a reflexionar sobre el impacto del conflicto, apuntando indirectamente a la modalidad de la protesta sindical. Sostuvo que “la prolongada suspensión de clases produce un efecto nocivo que afecta directamente el tejido social” y que la “inercia como el accionar defectuoso o insuficiente de los órganos de gobierno” es incompatible con su rol de garante de derechos. En un mensaje dirigido al SUTEF, advirtió que así como el gremio pide no ser deslegitimado, “tampoco la actividad sindical puede prescindir del impacto social que ocasionan las medidas de fuerza“, ya que esto puede “socavar el vínculo con la comunidad“. (OPI Tierra del Fuego)
