(OPI TdF) – La estructura interna de La Libertad Avanza (LLA) en Tierra del Fuego enfrenta una grave crisis tras la denuncia pública de Rolando Correa, asesor del bloque en la Legislatura provincial. Correa acusó directamente al diputado nacional Santiago Pauli de exigirle la entrega de la totalidad de su ítem por “desarraigo“, un beneficio salarial que ronda los 561.219 pesos mensuales, con el fin de financiar la estructura partidaria.
La denuncia, que expone una presunta trama de financiamiento irregular con fondos públicos, está respaldada, según el asesor, por una serie de siete audios de una misma conversación telefónica que mantuvo con Pauli. Correa, quien aseguró que la grabación se generó automáticamente en su dispositivo, ratificó la autenticidad del material: “Esto es tal cual salió, no es inteligencia artificial”, sostuvo, afirmando que el vínculo con el diputado se rompió inmediatamente después de esa llamada.
Según la versión de Correa, la exigencia de fondos fue sistemática. El reclamo habría comenzado como un “aporte” para luego convertirse en una demanda por el 100% del beneficio. “Yo le dije que más de 200 mil pesos no podía pasar, porque no me alcanzaba para llegar a fin de mes”, detalló el asesor. Asimismo, describió la presunta ruta del dinero, indicando que se concretó mediante transferencias desde su cuenta del Banco de Tierra del Fuego a un colaborador identificado como Martín Agüero, y también a través de entregas en efectivo “en dos oportunidades” al propio diputado Pauli.
El denunciante afirmó no ser el único en esta situación, asegurando que “eran cuatro” las personas que aportaban regularmente a la estructura. Correa contextualizó la exigencia de fondos en un clima de tensiones internas y designaciones cruzadas. Relató que, tras dos meses como asesor en la Cámara de Diputados, fue asignado a la Legislatura provincial para trabajar con Agustín Cotto “por orden de Pauli“, y que su cargo anterior habría sido utilizado para designar al ex juez Daniel Cesari Hernández.
La denuncia golpea directamente la línea discursiva de La Libertad Avanza, que ha hecho del cuestionamiento a los privilegios de la clase política y el uso de fondos estatales uno de sus ejes centrales. La controversia radica en el presunto uso de un beneficio salarial, concebido para gastos personales del trabajo legislativo, como fuente de financiamiento partidario.
Fuentes legislativas confirmaron que, por el momento, la situación administrativa de Rolando Correa como asesor del bloque (integrado por Cotto y Natalia Gracianía) no ha cambiado. “Seguramente lo van a hacer después de esto, pero van a demostrar que no tienen palabra“, anticipó Correa, quien además responsabilizó a Pauli y otros dirigentes por su seguridad personal y la de su familia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)