La jueza Loretta Preska mantiene la decisión de solicitar comunicaciones electrónicas de funcionarios y ex funcionarios argentinos para determinar el vínculo entre la empresa YPF y el Estado argentino. Durante una nueva audiencia en Nueva York, la magistrada deslizó la posibilidad de abrir una nueva investigación para analizar el incumplimiento del país, luego de que los demandantes y beneficiarios del fallo por US$ 16.000 millones denunciaran “el incumplimiento total” de la orden.
La jueza había pedido estas comunicaciones porque desea determinar la relación entre la petrolera y el Estado argentino. Este paso es crucial para que los demandantes puedan intentar embargar activos del país y, de esta forma, sustanciar el pago de su sentencia. Esta causa es una derivación del juicio original por la nacionalización de YPF y no está vinculada directamente a la apelación directa del fallo que tuvo lugar la semana pasada.
Según fuentes vinculadas a la causa, en la audiencia que se realizó ayer en Nueva York, la defensa de la Argentina señaló que está solicitando la “cooperación” de los involucrados. Sin embargo, la representación legal del país advirtió que no puede garantizar la preservación de esas comunicaciones electrónicas.
Ante esta situación, Preska amplió su pedido para que se incluyan los contactos en plataformas como WhatsApp, Signal y redes sociales. Argentina se comprometió a informar antes del 10 de noviembre quiénes presentarán los chats y comenzará a producir documentos antes del 21 de noviembre. Los demandantes solicitaron que, si no hay cumplimiento en esa fecha, se convoque una audiencia por desacato. (Agencia OPI Santa Cruz)