El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó este sábado el cierre total del espacio aéreo de Venezuela, una medida comunicada vía redes sociales que escala la presión internacional sobre el país caribeño y que se sustenta en el despliegue militar activo en el Mar Caribe. La advertencia, dirigida explícitamente a aerolíneas, pilotos y organizaciones de tráfico ilícito, prohíbe el tránsito sobre el territorio venezolano y sus zonas adyacentes bajo la vigilancia del portaaviones USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande del mundo, que lidera una flota de combate con más de 12.000 efectivos y una decena de naves y aviones con la misión declarada de interceptar operaciones de narcotráfico.
La orden ejecutiva se materializa tras una comunicación directa entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores, donde Trump planteó un ultimátum a Nicolás Maduro exigiendo su salida del poder en el corto plazo bajo la amenaza de multiplicar las acciones militares. La participación en esta llamada del secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, confirma que la administración estadounidense ha descartado las vías de negociación diplomática tradicionales o las tácticas de transición paulatina que se barajaban en otros sectores de Washington; la postura actual no ofrece hojas de ruta ni mesas de diálogo, sino que ratifica la decisión política de desmantelar la estructura de poder vinculada a los carteles de droga.
Como soporte jurídico para el cerco militar, el Departamento de Estado designó oficialmente al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), una clasificación que Washington utiliza para vincular directamente a la cúpula del régimen venezolano, incluido Maduro, con redes de violencia y narcotráfico en el hemisferio. Esta nueva categorización permite al secretario de Defensa, Pete Hegseth, acceder a una gama de alternativas legales que, si bien no especifican ataques armados en la legislación, justifican operaciones quirúrgicas contra activos de la organización y habilitan sanciones económicas y persecución judicial contra cualquier entidad, banco o individuo que mantenga relaciones con la estructura sancionada.
La estrategia de asfixia combina el aislamiento legal con una ofensiva cinética ya en curso en la región, donde las fuerzas estadounidenses han intensificado sus operaciones desde septiembre con un saldo de 21 embarcaciones sospechosas hundidas y más de 80 muertes registradas. La exigencia de la administración republicana es absoluta e incluye no solo la dimisión de Maduro, sino el abandono del país de las principales figuras del chavismo acusadas de montar un sistema represivo y de beneficiarse de negocios ilegales, cerrando así el cerco sobre los actores políticos señalados de violar sistemáticamente los derechos humanos. (Agencia OPI Santa Cruz)