(OPI TdF) – La desinversión sistemática en la infraestructura patagónica ha cruzado el umbral de la seguridad para convertirse en una amenaza directa a la viabilidad económica de la región. En un movimiento que busca romper la inercia del gobierno central, las autoridades viales de las provincias del sur consolidaron un frente común durante la Asamblea Extraordinaria Anual del Consejo Vial Federal. El reclamo es concreto: el estado de la Ruta Nacional 3 es crítico y la falta de respuestas financieras por parte de Vialidad Nacional pone en jaque la logística de abastecimiento, especialmente para Tierra del Fuego, cuya condición insular la hace dependiente absoluta de esta arteria.
La estrategia regional se gestó en la Casa de Tierra del Fuego, donde los titulares de las vialidades patagónicas mantuvieron un encuentro previo para unificar el discurso antes de enfrentar a los funcionarios nacionales. El diagnóstico compartido revela un escenario de parálisis: mientras las provincias intentan sostener la transitabilidad con recursos propios, el Ejecutivo nacional mantiene deudas financieras no especificadas con las jurisdicciones locales y ha frenado los planes de mantenimiento. Si bien los representantes de Vialidad Nacional presentes en la asamblea “tomaron nota” de los reclamos, el encuentro concluyó sin precisiones sobre cronogramas de pago ni reactivación de obras, perpetuando la incertidumbre sobre la conectividad terrestre del sur.
Ileana Zarantonello, presidenta de la Dirección Provincial de Vialidad de Tierra del Fuego y designada vicepresidenta del Consejo Vial Federal durante el cónclave, fue categórica al definir el impacto de esta desidia. “La falta de mantenimiento e infraestructura es realmente preocupante. Esta situación no solo dificulta el tránsito, sino que impacta en la logística, el turismo y la economía regional“, sentenció la funcionaria. Para la provincia más austral, el deterioro de la Ruta 3 no es un mero problema de baches; representa un encarecimiento directo en los costos de fletes que abastecen a la industria electrónica y a la población en general, en un contexto económico ya recesivo.
Ante el vacío de gestión nacional, las provincias acordaron la institucionalización de una mesa de trabajo permanente. El objetivo es pragmático: compartir estrategias de supervivencia técnica y administrativa para mantener las rutas provinciales operativas ante el retiro del Estado nacional. Sin embargo, Zarantonello marcó la cancha respecto a las competencias federales, advirtiendo que las arcas provinciales no pueden subsidiar eternamente las obligaciones de la Casa Rosada: “El estado de las rutas nacionales es responsabilidad del gobierno central, y no podemos reemplazar su falta de inversión“. (Agencia OPI Tierra del Fuego)