El gobierno de Javier Milei remitió al Congreso Nacional una reforma laboral que reduce las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativas al 27% y 31,5% y establece la condonación de hasta el 70% de la deuda por aportes y contribuciones patronales. El proyecto modifica la estructura tributaria con reducciones en las cargas sociales y elimina impuestos internos para bienes específicos, condicionando los beneficios fiscales a montos de inversión que parten desde los 150.000 dólares para microempresas.
El denominado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) fija una alícuota reducida del 2% y 3% en contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de la relación laboral. El beneficio aplica exclusivamente para la contratación de personas que no registraban empleo al 10 de diciembre de 2025, desempleados con seis meses de antigüedad, inscriptos en el Monotributo o trabajadores cuyo último empleo haya sido bajo relación de dependencia en el “sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires“.
En paralelo, el esquema de Promoción del Empleo Registrado (PER) instrumenta el blanqueo de relaciones laborales no registradas. El Ejecutivo ofrece la extinción de la acción penal, la baja del REPSAL y una “condonación de hasta 70% de deuda por aportes y contribuciones“. El Estado otorgará un reconocimiento previsional de hasta 60 meses a los trabajadores regularizados bajo este sistema, que incluye la condonación parcial de capital e intereses y nuevos planes de pago para los saldos restantes.
Para el sector productivo, el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) habilita la amortización acelerada en Ganancias y la devolución de créditos fiscales de IVA. El acceso a este esquema exige montos mínimos de inversión en bienes muebles nuevos u obras: US$150.000 para Micro empresas, US$600.000 para Pequeñas empresas, US$3.500.000 para Medianas Tramo 1 y US$9.000.000 para Medianas Tramo 2. El texto excluye expresamente las inversiones en “activos financieros, de portfolio y bienes de cambio“.
El paquete fiscal se completa con la reducción de la contribución a obras sociales del 6% al 5% y el ajuste de las alícuotas generales de contribuciones patronales al 17,40% para grandes empresas de servicios y comercio, y al 15% para el resto. Asimismo, el proyecto elimina los impuestos internos para “seguros, telefonía celular, objetos suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves“. (Agencia OPI Santa Cruz)
