Tribunal Oral 7 analiza hoy pagos ilegales por 10.8 millones de pesos y adjudicaciones viales de 2.000 millones de pesos en la decimotercera audiencia de la causa Cuadernos.
La Unidad de Información Financiera concluye hoy la lectura de la acusación en el tramo denominado La Camarita. El documento se centra en Luis Armani, ex presidente de Vialmani S.A. Armani reconoció pagos en efectivo por un millón de pesos al financista Ernesto Clarens en 2013. El objetivo consistió en destrabar certificados de obra. La firma Vialmani S.A. recibió dieciocho adjudicaciones viales por un monto superior a 2.000 millones de pesos.
Carlos Wagner, titular de ESUCO S.A. y accionista de DECAVIAL S.A., enfrenta cargos por media docena de pagos de dádivas. La prueba incluye registros de contactos telefónicos con Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Claudio Uberti y Cristina Fernández de Kirchner. Wagner admitió la existencia de pagos ilegales. Sostuvo que el destinatario final de la recaudación era Néstor Kirchner.
Mario Ludovico Rovella, titular de Rovella Carranza Construcciones, figura con doce pagos ilegales por 3,5 millones de pesos. Rovella reconoció gestiones de pago ante Vialidad Nacional a través de Clarens. La acusación incluye registros de llamadas coincidentes con las fechas de entrega del dinero. Juan Manuel Collazo, directivo de Helport S.A. y Grupo Corporación América, registra catorce hechos de cohecho por 6,3 millones de pesos. Collazo describió el mecanismo como premios al éxito por gestiones de cobro ante Vialidad Nacional.
El Tribunal Oral 7 iniciará la lectura del tramo sobre subsidios al sistema ferroviario. La fiscalía señala un esquema de recaudación ilegal mediante fondos estatales destinados a trenes de pasajeros. La acusación apunta a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi como organizadores del sistema. Claudio Uberti figura como nexo entre el Estado y las empresas. El documento no especifica el monto total de los fondos desviados en este tramo.
Claudio y Mario Cirigliano, ex responsables de Trenes de Buenos Aires, están acusados de pagar coimas para asegurar subsidios y evitar sanciones. Según el fiscal Carlos Stornelli, los empresarios retiraban efectivo de las compañías para entregarlo a funcionarios nacionales.
La próxima audiencia está prevista para el 30 de diciembre. El tribunal aguarda una respuesta de la Corte Suprema de Justicia para habilitar la sala Derechos Humanos. Cristina Fernández de Kirchner no asiste a la audiencia por encontrarse internada en el Sanatorio Otamendi tras una cirugía de apéndice. (Agencia OPI Santa Cruz)