(OPI TdF) – En la última sesión ordinaria del año, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó con 12 votos a favor el traspaso del 100% de las concesiones hidrocarburíferas de YPF a la sociedad anónima estatal Terra Ignis. El acuerdo cede los derechos y obligaciones sobre las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y las fracciones A, B, C, D y E del yacimiento Tierra del Fuego, incluyendo una prórroga de explotación por 10 años. Sin embargo, el consenso político para el avance de la petrolera provincial quedó condicionado por una derrota fiscal para el Ejecutivo: la oposición impuso una reforma a la Ley de Coparticipación que eleva del 20% al 28% el goteo de regalías hacia los municipios, buscando neutralizar los privilegios impositivos concedidos a la nueva operadora.
El esquema diseñado por la gestión de Gustavo Melella para Terra Ignis contempla un “blindaje fiscal” que exime a la empresa del pago de Ingresos Brutos, tasas ambientales, cánones y certificados de origen, además de fijar un techo de regalías del 12%. Esta estructura fue la que disparó la reacción de la bancada del PJ, liderada por Victoria Vuoto, quien denunció que los beneficios otorgados por el Ejecutivo de forma “inconsulta” impactarían directamente en los recursos de las intendencias. Según la legisladora, la suba de los puntos de coparticipación busca evitar que el costo de la provincialización del petróleo sea financiado por las arcas municipales.
La resistencia interna dentro del oficialismo fue encabezada por Federico Sciurano (FORJA), quien advirtió que la modificación de la ley de coparticipación representa un golpe de 16.000 millones de pesos anuales para el Tesoro provincial. Sciurano fundamentó su rechazo señalando que este drenaje de recursos pone en riesgo el fondo de garantía del Bono Fuego 2027, la herramienta de financiamiento externo de la provincia. Esta postura expuso una contradicción interna en los números oficiales, ya que mientras el Ejecutivo proyecta pérdidas millonarias, el bloque justicialista minimizó el impacto a poco más de 1.000 millones de pesos anuales.
El rechazo a la cesión de áreas de YPF a la firma estatal fue sostenido por un bloque minoritario compuesto por Damián Löffler y Pablo Villegas (MPF), junto a Jorge Lechman (Somos Fueguinos), quienes votaron en contra de la entrega de los yacimientos. En tanto, el legislador Raúl Von Der Thusen rompió la línea de su bloque al acompañar el proyecto oficialista. La sanción deja a Terra Ignis como el actor central del ecosistema energético fueguino, pero bajo una fuerte vigilancia fiscal y una tensión financiera creciente entre la administración central y los gobiernos locales que promete profundizarse en el próximo ejercicio. (Agencia OPI Tierra del Fuego)