El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático de Chile aprobó la actualización de la norma primaria de calidad del aire para reducir la exposición de la población al material particulado fino conocido como MP2,5. La nueva regulación establece que el valor anual de concentración se fijará en 15 microgramos por metro cúbico mientras que el límite diario no podrá exceder los 38 microgramos. Esta disposición gubernamental busca elevar los estándares de exigencia vigentes desde el año 2011 con el objetivo de alinearlos con los parámetros internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
La implementación de estos nuevos topes técnicos se realizará de manera progresiva bajo un plazo de cinco años para su entrada en vigencia total en todo el territorio nacional. Según la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas esta actualización constituye una herramienta regulatoria para garantizar aire limpio y mitigar los efectos de un contaminante con capacidad de penetrar en los pulmones y el torrente sanguíneo. El periodo de carencia otorgado por el Ejecutivo chileno pretende facilitar la adaptación de los sectores industriales y los diversos territorios a las nuevas métricas de fiscalización ambiental.
Desde el área económica el biministro de Economía y Energía Álvaro García señaló que la definición de reglas claras mediante esta norma proporciona certezas para la inversión privada en el país. El discurso oficial sostiene que el desarrollo económico debe avanzar en sintonía con la sostenibilidad ambiental evitando ambigüedades normativas que puedan afectar los proyectos de inversión a largo plazo. La medida se integra en un esquema estatal que también contempla el avance de la Ley de Biocombustibles Sólidos con el fin de intervenir en los procesos de calefacción domiciliaria y en los sistemas productivos que generan emisiones contaminantes.
La resolución del Consejo de Ministros pone fin a un ciclo de catorce años con la normativa previa y somete a los actores económicos a un esquema de cumplimiento más restrictivo. El Estado chileno asume así el compromiso de fiscalizar la calidad del aire bajo una métrica que reduce significativamente los márgenes de tolerancia permitidos hasta la fecha. El éxito de esta política de salud pública dependerá de la capacidad de los organismos reguladores para supervisar la transición de cinco años y asegurar que la actividad industrial se ajuste a los niveles de concentración de partículas exigidos por la nueva ley. (Agencia OPI Santa Cruz)