El Poder Ejecutivo nacional reasignará partidas mediante un decreto para financiar leyes de emergencia en Discapacidad y educación superior tras una derrota legislativa y un fallo judicial adverso. La medida responde a la caída del capítulo XI del Presupuesto en la Cámara de Diputados y a una orden de la Justicia Federal.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo de Martín Cormick, ordenó la aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario. El fallo declaró inaplicable el decreto 759/2025 que suspendía la actualización de salarios y becas. La resolución judicial obliga al Estado a cumplir los artículos 5 y 6 de la norma para actualizar remesas salariales y recomponer becas estudiantiles.
El Gobierno nacional busca aprobar el Presupuesto 2026 este viernes en el Senado sin realizar modificaciones al texto. La Libertad Avanza cuenta con el apoyo de cuatro senadores del bloque Convicción Federal para la votación en general. El Poder Ejecutivo administra los recursos públicos con la prórroga del presupuesto 2022 desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023.
La sentencia del juez Cormick calificó como conducta arbitraria la exigencia del Ejecutivo de supeditar la ley a la definición de fuentes de financiamiento por parte del Congreso. El texto oficial no especifica el monto total de dinero que será reasignado ni el origen de las partidas que se recortarán para cubrir estos gastos.
La Casa Rosada descartó aceptar cambios en el proyecto de ley para evitar que el expediente regrese a la Cámara de Diputados. El fallo judicial mantendrá su vigencia como medida cautelar hasta el dictado de una sentencia definitiva sobre el amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)