El Gobierno de Bolivia ratificó su postura de mantener el diálogo como estrategia central para gestionar las tensiones sociales derivadas de sus recientes reformas económicas. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, manifestó que la administración actual pretende sostener los cambios con firmeza y apertura al intercambio, a pesar de las movilizaciones que se registran en diversas regiones del territorio boliviano. Según las declaraciones oficiales, la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira busca implementar estas transformaciones bajo la premisa de comunicar la realidad económica a la población, en un escenario donde el Ejecutivo asegura que el país ha iniciado un proceso de recuperación estructural frente a las dificultades financieras.
La conflictividad actual tiene su origen en el rechazo de la Central Obrera Boliviana a la aplicación del Decreto Supremo 5503. Esta normativa establece la eliminación de la subvención estatal a los combustibles, una medida que ha reactivado el debate nacional sobre el costo de vida y la sostenibilidad del modelo económico vigente. Ante las protestas que persisten en la ciudad de La Paz y otros centros urbanos, el Ministerio de la Presidencia defiende que la interlocución con los diversos sectores sociales es la única vía para construir soluciones que impidan un mayor deterioro de los indicadores económicos. El funcionario destacó que la apuesta por el intercambio de buena fe es lo que permite avanzar en la resolución de los conflictos sectoriales.
Como contrapartida al ajuste en los precios de los hidrocarburos, el Gobierno boliviano anunció el fortalecimiento de programas de asistencia social destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre estas medidas se destaca la creación del Bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad, denominado PEPE, cuyo pago comenzará a ejecutarse a partir del mes de enero. Asimismo, la administración central reportó incrementos en las asignaciones de la Renta Dignidad y del Bono Juancito Pinto, con el objetivo declarado de amortiguar el impacto de la coyuntura económica sobre la población. Estas herramientas financieras forman parte del esquema de equilibrio que intenta establecer el Poder Ejecutivo ante la quita de los subsidios tradicionales.
El discurso gubernamental enfatiza que la mayoría de la ciudadanía ha optado por la vía del diálogo responsable en lugar de la confrontación directa en las calles. José Luis Lupo subrayó que la construcción de respuestas efectivas depende de la disposición de los actores sociales para participar en procesos de negociación, mientras la gestión de Paz Pereira intenta equilibrar las reformas fiscales con el mantenimiento de la paz social. No obstante, la persistencia de las movilizaciones sindicales lideradas por la Central Obrera Boliviana evidencia una resistencia activa a las reformas, situando la estabilidad de la administración en una dependencia directa de la efectividad que demuestren las medidas de compensación económica anunciadas para el inicio del próximo año. (Agencia OPI Santa Cruz)