(Ushuaia – OPI TdF) – La política exterior del Gobierno nacional vuelve a chocar de frente con los intereses estratégicos de Tierra del Fuego. El gobernador Gustavo Melella salió al cruce de una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph, donde se atribuye al presidente Javier Milei la postura de que las Islas Malvinas volverán a manos argentinas “cuando los isleños así lo deseen“.
La frase, de confirmarse, no es un mero error discursivo: representa una ruptura con 60 años de construcción diplomática y una violación flagrante de la Constitución Nacional.
El conflicto: Deseos vs. Intereses
Desde el Ejecutivo fueguino optaron por la cautela táctica, otorgando el “beneficio de la duda” al Presidente ante una posible mala interpretación del medio inglés. Sin embargo, la advertencia fue contundente: validar los “deseos” de la población implantada implica reconocer el principio de autodeterminación, algo que Naciones Unidas rechazó explícitamente para el caso Malvinas.
El mandatario provincial recordó que la Resolución 2065 (XX) de 1965, un hito conseguido por el diplomático José María Ruda, establece que se deben respetar los “intereses” de los habitantes, pero jamás sus deseos. Cambiar esa palabra dinamita el reclamo de soberanía argentino.
El peligro de la “Doctrina Ihlen”
Melella introdujo un concepto técnico de extrema gravedad: el antecedente de la “Declaración Ihlen“. En el derecho internacional, lo que dice un Jefe de Estado obliga a la Nación. Una frase desafortunada de Milei podría ser utilizada por el Reino Unido como una renuncia tácita de derechos, generando efectos jurídicos irreversibles, similar a como Noruega perdió Groenlandia Oriental frente a Dinamarca por un comentario de su canciller.
Gravedad Institucional
La postura del Gobierno provincial es clara: aceptar la voluntad de los isleños viola la Disposición Transitoria Primera de la Constitución. Melella exigió una “rectificación urgente” por parte de Cancillería y Casa Rosada.
Para los fueguinos, esto no es un debate académico. Es una cuestión de supervivencia territorial y dignidad histórica. Si el Gobierno nacional no aclara estos dichos, estaría incurriendo en una causal de mal desempeño al desconocer el mandato constitucional de ratificar la soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)