El Gobierno Nacional ha dado un paso decisivo en la arquitectura de la seguridad interior. A través del decreto 941/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, se oficializó la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La normativa no solo reorganiza el organigrama, sino que otorga nuevas y polémicas competencias: dota a las tareas de un “carácter encubierto” y habilita a los agentes a aprehender personas en situaciones de flagrancia.
Poder de detención y carácter secreto
Uno de los puntos que genera mayor repercusión política y social es la facultad operativa otorgada a los organismos de inteligencia. El decreto autoriza a estas dependencias a proveer su propia seguridad y repeler agresiones contra sus instalaciones u operaciones. Lo más novedoso es la autorización para “aprehender personas en casos de flagrancia“, es decir, cuando son sorprendidas cometiendo el delito, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.
El texto justifica estas medidas reforzando el “carácter encubierto” de todas las actividades para minimizar el Riesgo Estratégico Nacional. Sin embargo, el Ejecutivo ratificó la prohibición de realizar espionaje por motivos ideológicos, políticos o religiosos.
El nuevo mapa del espionaje
La reforma plantea un sistema centralizado donde la SIDE, bajo la conducción técnica de Cristian Auguadra y Diego Kravetz pero coordinada políticamente en las sombras por el asesor Santiago Caputo, actúa como órgano rector. Esta centralización incluye el control de los presupuestos y la supervisión de los gastos reservados.
La estructura se divide en agencias con autonomía técnica:
- Servicio de Inteligencia Argentino (SIA).
- Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC): Antes llamada ASN, su misión es detectar amenazas internas y obligar a todo el sector público a tomar medidas de contrainteligencia.
- Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC): Se encargará de analizar amenazas en el ciberespacio, diferenciándose de la ciberseguridad (protección de infraestructura), que quedará bajo la órbita de Jefatura de Gabinete.
Impacto federal y control
El decreto tiene alcance sobre las jurisdicciones provinciales. La nueva SIDE podrá requerir información a todo el sector público, incluyendo a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, cuando lo considere necesario para sus funciones. Esto implica que organismos de Santa Cruz podrían ser solicitados para cooperar en investigaciones federales.
La normativa ya está vigente, pero deberá pasar por el filtro del Congreso: la Comisión Bicameral Permanente deberá tratar el decreto tal como lo establece la Ley 26.122. (Agencia OPI Santa Cruz)