(OPI TdF) – El “paraguas” de contención que protegía el empleo industrial en Tierra del Fuego se cerró definitivamente este miércoles 31 de diciembre. Con el inicio de 2026, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) no lograron renovar el acuerdo firmado en mayo pasado, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad a unos 1.000 trabajadores con contratos a plazo fijo.
Este vencimiento no es un trámite administrativo más; representa el desmantelamiento de la barrera de contención ante la crisis recesiva y la apertura comercial impulsada por la administración nacional.
El fin de la tregua y el escenario 2026
El convenio tenía un objetivo claro: evitar despidos masivos en un contexto de caída del consumo y cambios en las reglas de juego de importación. Sin embargo, fuentes gremiales confirmaron a medios locales que, al no existir una prórroga firmada, los vínculos laborales de modalidad discontinua o a plazo fijo concluyeron con el año.
La situación es crítica porque coincide con el plazo estipulado para la baja al 0% de aranceles a la importación de celulares, una medida que entra en vigencia este enero de 2026 y que pone a la industria fueguina a competir directamente con productos terminados del exterior, sin la protección histórica que otorgaba la Ley 19.640.
Silencio oficial y “Costo Argentino”
Desde la seccional UOM Río Grande, la conducción señaló que la falta de previsibilidad hizo imposible garantizar la continuidad de los puestos. A pesar de las gestiones ante las empresas y el gobierno de Gustavo Melella, no hubo respuestas concretas que ofrecieran una alternativa para sostener el empleo.
Por su parte, AFARTE, a través de su directora ejecutiva Ana Vainman, ha insistido en que la competitividad no debe lograrse “destruyendo la industria nacional”, sino atacando el “costo argentino”. Sin embargo, la realidad marca que el ajuste ha comenzado por el eslabón más débil: los contratos temporales.
Impacto en la economía provincial
El golpe no es solo para el sector metalúrgico. La industria electrónica representa entre el 30% y el 35% del Producto Bruto Interno (PBI) de Tierra del Fuego y es el mayor contribuyente fiscal de la provincia.
Con más de 18.000 empleos directos e indirectos en juego y una integración clave con la industria automotriz nacional (8 de cada 10 autos argentinos llevan componentes fueguinos), la caída de estos 1.000 contratos podría ser solo la punta del iceberg de una reestructuración forzada del régimen industrial en este nuevo año. (Agencia OPI Tierra del Fuego)