Estados Unidos confirmó la confiscación del petrolero Marinera en el Atlántico Norte, un buque de bandera rusa cargado con crudo venezolano que protagonizó una persecución de dos semanas y elevó la tensión diplomática con Moscú al punto de involucrar a un submarino del Kremlin en un intento fallido de escolta. La operación militar se ejecuta bajo el decreto de bloqueo total a las exportaciones energéticas de Venezuela firmado por el presidente Donald Trump el pasado 16 de diciembre, consolidando una ofensiva que busca neutralizar los activos estratégicos en alta mar.
El secretario de Estado Marco Rubio justificó estas maniobras como un mecanismo necesario para asfixiar financieramente a los remanentes del régimen y detener el flujo de recursos ilícitos manejados por socios comerciales como Alex Saab. Esta acción contra el Marinera no es un hecho aislado, sino parte de una escalada naval que ya registró la incautación del buque Skipper rumbo a China el 10 de diciembre, la inspección del Centuries diez días después y la intercepción reciente de otro petrolero en aguas latinoamericanas, demostrando la aplicación estricta de las sanciones en las rutas comerciales internacionales.
La presión internacional ha forzado una maniobra de saturación masiva detectada por expertos de TankerTrackers, quienes reportaron la desaparición de los radares satelitales de al menos dieciséis petroleros sancionados tras la captura de Nicolás Maduro el último sábado. La flota, vinculada a los empresarios Alex Saab y Ramón Carretero, recurre a tácticas de apagado de sistemas de identificación automática y falsificación de señales de GPS para ocultar su rumbo hacia el este, una decisión operativa desesperada ante el colapso de la capacidad de almacenamiento en Venezuela que amenaza con causar daños irreparables a la infraestructura petrolera si no se libera carga.
El zarpe no autorizado de estas embarcaciones expone una fractura crítica en la cadena de mando de la estatal PDVSA y representa el primer desafío directo a la autoridad de la líder interina Delcy Rodríguez. La salida de los buques sin el aval del gobierno provisional evidencia que las estructuras de poder paralelas continúan operando con autonomía, movilizando recursos estratégicos al margen de la nueva administración y complicando el escenario político interno en Caracas en medio de la transición. (Agencia OPI Santa Cruz)
