Garrahan: denuncian incumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo

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La tensión entre los trabajadores de la salud y la administración nacional suma un nuevo capítulo. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan denunciará hoy formalmente lo que califican como la “expulsión anticipada” de 45 niños menores de 3 años del Jardín Maternal de la institución. Según el gremio, esta medida responde a la decisión de la intervención designada por el Ministerio de Salud de la Nación de no renovar ni contratar al personal docente necesario.

El conflicto se visibilizará este mediodía mediante una conferencia de prensa en el hall de ingreso de la calle Combate de los Pozos 1.881. Allí, los representantes sindicales exigirán la reincorporación inmediata de los menores al dispositivo de cuidado denominado “Quiero Mimos”, un espacio vital para que el personal del hospital pueda cumplir con sus tareas asistenciales mientras sus hijos están cuidados.

De acuerdo con el comunicado oficial, la interrupción del servicio afecta a la sala de 2 años. Los niños quedaron fuera del jardín desde el pasado 30 de diciembre y la medida se extendería, en principio, hasta finales de febrero. Esta situación deja a las familias trabajadoras sin cobertura durante dos meses completos, complicando la logística diaria de quienes sostienen el funcionamiento de uno de los hospitales pediátricos más importantes del país.

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Desde la APyT subrayan que el acceso al jardín maternal “no es un beneficio, sino un derecho conquistado”. Advierten que la medida vulnera directamente la Ley de Contrato de Trabajo, específicamente el artículo 179. Esta normativa establece la obligación legal para los establecimientos con más de 100 empleados de contar con salas maternales y guarderías adecuadas, un requisito que el Garrahan cumple estructuralmente pero que ahora recorta operativamente.

El Hospital Garrahan es un ente autárquico que depende en un 80% del presupuesto del Gobierno nacional y en un 20% del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con una planta de casi 5.000 trabajadores, cualquier modificación en sus condiciones laborales tiene un impacto masivo. La denuncia pone el foco en cómo los ajustes administrativos y la falta de gestión de recursos humanos están impactando en los derechos adquiridos de los trabajadores de la salud pública. (Agencia OPI Santa Cruz)

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